Amnistía apunta contra el gobierno de Nicaragua

(ANSA) - La ONG humanitaria Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en Madrid, a seis meses del comienzo de las protestas de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, el informe "Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua" donde se documentan "posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que cometieron las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre".

"Desde principios de junio -dice el informe- el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas".

"El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado de la ONG.

Tras el primer informe de AI sobre la crisis de finales de mayo, "la nueva investigación documenta que el gobierno mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participaban en ellas". "El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han dirigido esta estrategia, demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando cualquier violación de derechos humanos", agrega el documento.

La denuncia afirma que "al 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas.

Entre las personas fallecidas 22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas". El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales y destaca siete casos de probable detención arbitraria, así como violaciones del debido proceso, que fueron parte de la estrategia del gobierno para disolver el movimiento de protesta. La ONG documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial.