Una ONG reclama a Venezuela parar de criminalizar y matar a los jóvenes

Según Amnistía Internacional el Gobierno usa la fuerza intencionalmente contra la población más vulnerable y excluida socialmente, viola sus derechos y los coloca en el lugar de criminales por vivir en esta situación, en lugar de implementar políticas preventivas de control de la delincuencia, afirmó Amnistía Internacional.

Los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar", dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

El informe "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", señala la responsabilidad del Estado venezolano en la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas.

"El Estado no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia.

El resultado es contundente: hay más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2015 y junio de 2017", asegura el informe difundido hoy por la organización internacional.

Asimismo, agregan que "el año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios -tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad- fueron hombres jóvenes de entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal".

El reporte amplía que "en el 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia: más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad en Venezuela. Amnistía Internacional estima que solo en ese año entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven otras tres o cuatro".

También señalan que "para el 2017, el gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes; cifras que organizaciones no gubernamentales ubicaron en 89".

Amnistía Internacional observó que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no cumplió con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos; tampoco de investigar, sancionar ni reparar los derechos vulnerados de las víctimas.