G20: el foro busca evitar prácticas fiscales nocivas de las corporaciones

La cooperación internacional en materia fiscal y de transparencia financiera es uno de los puntos centrales en el debate que iniciaron hoy en Buenos Aires los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

La cooperación internacional en materia fiscal y de transparencia financiera es uno de los puntos centrales en el debate que iniciaron hoy en Buenos Aires los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

Sobre ese aspecto, la representación argentina exhibe ante los funcionarios visitantes los progresos incluidos en la reciente reforma impositiva, en la reunión que se desarrolla en el Centro.

Los funcionarios del Grupo de los 20 revisan en esta cita el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto de la implementación del paquete del Proyecto sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), un mecanismo lanzado en octubre de 2015 por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

El BEPS, explica la OCDE, alude a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios a partir de la existencia de “lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales, de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN)”.

Esas compañías hacen así “desaparecer” benecios a efectos scales, o bien los trasladan hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, pero donde gozan de una débil imposición y escasa o nula renta sobre sociedades.

“Por la creciente movilidad del capital y de activos tales como la propiedad intelectual, así como por los nuevos modelos de negocio del siglo XXI, BEPS se ha convertido en un serio problema”, advierte la OCDE.

En este marco, en septiembre pasado se registró el primer intercambio automático de información sobre la cuenta financiera en virtud del denominado Estándar Común de Reporte (CRS/ECR) y se espera que todas las jurisdicciones pertinentes comiencen los intercambios a más tardar en septiembre próximo.

La Argentina, por lo pronto, ya obtuvo el primer visto bueno de la OCDE -transmitido por el director del Centro de Política y Administración Tributaria, Pascal Saint-Amans- en lo que respecta a la reciente reforma impositiva Amans destacó en febrero pasado en Nueva York, ante el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, y el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, que la reforma “introdujo avances muy significativos en relación al Proyecto BEPS, en línea con los últimos estándares internacionales de tributación”.

El funcionario de la OCDE comentó asimismo que la reforma argentina “viene a eliminar impuestos distorsivos para fomentar la inversión, tal como hicieron países vecinos”, en ocasión de la primera conferencia global organizada por la “Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria”, una iniciativa conjunta de la Organización, el FMI, la ONU y el Banco Mundial.

Los problemas de BEPS, explican funcionarios argentinos que participan en las reuniones del G20, surgen porque “la recaudación del impuesto sobre sociedades se efectúa a nivel nacional, pero en las actividades económicas transnacionales la interacción entre distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la imposición por parte de más de una jurisdicción, o doble imposición”.

Si bien las actuales normas impositivas internacionales fueron confeccionadas para evitar tal situación, esas mismas normas facilitaron, en algunos casos, lo contrario, es decir, la doble no imposición, o impiden la imposición de beneficios en una ubicación específica (renta apátrida).

Según la OCDE, “los problemas de BEPS afectan de igual manera tanto a países desarrollados como a países en desarrollo”, y su gravitación se estima en un 4 a 10% de la recaudación del impuesto sobre sociedades, lo que supone alrededor de US$ 100 a 240 mil millones anuales.

Algunas estrategias de planificación impositiva de BEPS podrían ser ilegales, pero la mayoría no lo son, ya que se sustentan en “normas obsoletas de un modelo económico cimentado en medidas pretéritas y no en la economía globalizada del siglo XXI, caracterizada por la creciente importancia de intangibles, como la propiedad intelectual”.