Piden informes a Deportes de la Provincia acerca de subsidios otorgados
El senador Gustavo Arenas quiere saber si aquí se replican ayudas irregulares que la Nación dio a entidades con fines de lucro.
Un pedido de informe dirigido a la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia fue presentado por el senador Gustavo Arenas (PJ) en la Legislatura para conocer detalles acerca de los subsidios otorgados por parte de ese organismo a clubes e instituciones deportivas y barriales de Mendoza.
La inquietud –contenida en el expediente Nº70.373– surgió a raíz de información publicada en diferentes medios de comunicación en el sentido de que la Secretaría de Deportes de la Nación utilizó la ley Nº27.098, que establece el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, para beneficiar a entidades que organizan torneos millonarios y donde se practican deportes de elite. Entre las más resonantes se encuentra el Córdoba Golf Club.
En esta línea, la iniciativa del legislador justicialista local solicita datos oficiales para saber la “cantidad de subsidios otorgados durante 2016 y lo transcurrido de 2017” y quiénes fueron los “destinatarios de dichos subsidios y montos otorgados”, además de “si se han efectuado gestiones ante la Secretaría de Deportes de la Nación a los fines del otorgamiento de subsidios a instituciones locales, y en su caso, detalle de las mismas”.
La particularidad en la que se basa esta solicitud es que Mendoza adhirió en el 2015 a la ley nacional Nº27.098 mediante la norma local Nº8.803, cuyo autor también es el senador Gustavo Arenas. Incluso, la ley Nº27.098 incorporó en su momento una idea promovida previamente por este legislador a través de la norma provincial N°8.509, también de su autoría: que a las instituciones barriales sin fines de lucro que desarrollen actividades abiertas a la comunidad no se les pueden embargar ni ejecutar bienes y se les deben condonar deudas contraídas con anterioridad.
El pedido de informe es acompañado por los senadores Ana Sevilla, Juan Agulles, Mauricio Sat, Samuel Barcudi y Luis Böhn.
Desnaturalización de la ley
Los fundamentos del proyecto manifiestan que “resulta claro que dicha asignación de fondos públicos se encuentra lejos del espíritu de la ley, que apunta a promocionar las actividades deportivas, sociales y culturales, y que el Gobierno benefició a instituciones profesionales y organizaciones no vinculadas al deporte, como el Consejo de Ciencias Económicas de San Juan”.
Aclaran también que, “si bien la ley Nº27.098 dispone que la ayuda económica debe dirigirse a ‘la promoción y la práctica deportiva de carácter no profesional, y la realización de actividades sociales y culturales, atendiendo el bienestar de los asociados’, el Gobierno decidió apartarse de esa premisa”. Y remarca como ejemplo que “el Córdoba Golf Club realiza cada año el Abierto del Centro de la República, parte del PGA Tour Latinoamérica, que entrega tres millones de pesos en premios”. Se refiere así al circuito masculino de golf profesional de América Latina de la Professional Golf Asociación o Asociación Profesional de Golf.
A continuación enumeran a otras instituciones similares que recibieron dinero por intermedio de la Ley de Clubes de Barrio y Pueblo, como el Mar del Plata Golf Club, donde se juega la Copa Chivas Rejal; el Llach Club Olivos, que tiene una membresía de $30.000 y una cuota mensual de $1.100; el Náutico Mar del Plata, la Asociación Argentina de Surf, el Mendoza Tenis Club y el Huirles Polo Club, de San Juan. Y entre los beneficiarios también revelan a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Alvarado de Mar del Plata, clubes que poseen equipos profesionales de fútbol.
Ante el gran calibre de estas irregularidades a nivel nacional, el senador Gustavo Arenas busca determinar si esas asignaciones denunciadas pueden haber sido replicadas en Mendoza, ya que significan un desvío manifiesto de los objetivos de la norma en la cual se amparan: promover y concretar la práctica deportiva no profesional, así como realizar actividades sociales y culturales en organizaciones barriales sin fines de lucro.
Cuatro funcionarios implicados
Por su parte, las informaciones periodísticas revelan que cuatro funcionarios están involucrados en el caso que implica a la Secretaría de Deporte de la Nación: Carlos Mac Allister y Orlando Moccagatta, del mismo organismo que depende de la Secretaría de Presidencia; Héctor Baldassi, diputado oficialista por Córdoba en el Congreso, y el golfista Eduardo ‘Gato’ Romero, intendente de Villa Allende, Córdoba. Hasta ahora, Moccagatta es el único sumariado.
El denunciante original de esta causa es Nicolás Martínez Dalke, un concejal peronista de la localidad serrana de Mendiolaza que el 4 de junio se presentó en una fiscalía y que ahora ampliará la prueba documental en la que se basó para imputar al exfutbolista Mac Allister y al exárbitro Baldassi.
El mayor contrapunto de este presunto caso de corrupción se da en que el Estado les otorgó grandes sumas de dinero a clubes que practican disciplinas caras como el golf, el polo y el yachting, pero dentro del llamado Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, establecido en el 2014 por la ley Nº27.098 para “el fomento, el estímulo y la promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales de índole barrial”.
