El Municipio comenzó a sacar rejas de los barrios

Vecinos del barrio SPUNC, de Villa Nueva, están enojados luego de que la Comuna tomara esa decisión.
viernes, 28 de septiembre de 2018 · 07:00

Una situación por demás polémica debieron atravesar este miércoles los vecinos del barrio Sindicato del Personal de la Universidad Nacional de Cuyo (SPUNC), en Villa Nueva, luego de que el Municipio llegara al lugar con una notificación y procediera a sacar las rejas que ellos decidieron colocar hace unos cinco años.

La medida municipal es justificada en que esa barriada -ubicada en la esquina de Urquiza y Cochabamba- figura como “barrio abierto” en los registros catastrales, pero sus pobladores argumentan que la cerraron luego de sufrir innumerables asaltos en sus viviendas.

MendoVoz se presentó en el lugar y dialogó con los vecinos, quienes se mostraron indignados e impotentes ante el accionar de la Comuna.

“Temprano en la mañana llegaron desde la Municipalidad con una notificación y camiones con grupo electrógeno, y comenzaron a desoldar las rejas y las sacaron”, comentó una propietaria que no quiso dar su nombre. “La notificación que presentaron eran copias que no traían firma. Adjuntaban otra copia de una resolución del Ejecutivo municipal en la que decía que debían hacer caso a una intimación de Edemsa”, agregó. Según les informaron desde el Municipio, la empresa de energía los intimó a sacar las rejas por estar debajo de una línea de media tensión.

“Reconocemos que somos un barrio público, pero este barrio nunca estuvo cerrado, nunca se le privó a nadie la circulación”, añadió la damnificada, quien aseguró que los dos portones con los que cuenta el lugar (uno ubicado  en Urquiza y el otro en Cochabamba) están abiertos las 24 horas.

 

Asegurarse protección

Los vecinos coincidieron en que lo que los motivó a colocar las rejas fueron los repetidos robos que sufrieron en sus viviendas, y expresaron que ahora se sienten desprotegidos.

“A varios nos han desvalijado las casas antes de tener las rejas, y hemos vivido situaciones críticas con los ladrones dentro de las viviendas”, afirmó una de las habitantes que sufrió robos en tres oportunidades. 

El barrio fue creado hace unos 20 años y, en 2013, durante la gestión de Luis Lobos -según aseguraron- el propio exintendente interino les permitió colocar las rejas tras haberle planteado quejas por la inseguridad.

“Todos reconocemos que este es un barrio público, que no lo podés cerrar, que hay un principio constitucional, que hay que asegurar la libre circulación... pero eran tantos los hechos de inseguridad y violencia que el propio exintendente nos dijo que no se iba a oponer”, aseveró la vecina.

“Estamos muy mal, porque las rejas nos brindan seguridad. Nuestro barrio no interfiere con la circulación vehicular ni peatonal. Tenemos el asentamiento Castro cerca y hay muchísimos vecinos que han sufrido hechos de inseguridad. Estas rejas se han puesto con el esfuerzo de todos los vecinos. Somos todas personas de trabajo, comunes. No es una cuestión de capricho, simplemente es para estar más tranquilos”, comentó por su parte Elizabeth.

 Son cerca de 70 familias las que conviven en el lugar y se han visto afectadas con la medida. “Hay muchos niños que juegan en la calle y andan en bicicleta y necesitamos seguridad, nos sentimos muy perjudicados con esto. No le estamos generando ningún gasto a la Comuna”, sostuvo Elizabeth.

“A todos los vecinos nos han robado, era una buena protección lo que había. Nos ha costado mucho poner las rejas, hemos puesto moneda por moneda. Acá en la noche es una oscuridad tremenda. Por qué no nos proponen arreglar el tema y no hacernos tanto problema. La medida que han tomado es horrible. Estamos desprotegidos, esto es tierra de nadie”, añadió por su parte Nancy.

“Los únicos favorecidos con esto son los padres de la escuela El Portezuelo que ahora vienen y se estacionan en el barrio”, manifestó otra de las habitantes.

 

“No hay otra opción”

A raíz de esta problemática, MendoVoz se comunicó con la directora de Planificación de Guaymallén, Cintia Brucki, quien justificó la acción y afirmó: “Son calles públicas que los vecinos han cerrado oportunamente por el tema de la seguridad, pero no se pueden cerrar porque cortan conectividad y la gente tiene que caminar por la calle Urquiza con el riesgo que eso genera”.

Además expresó: “Este cierre tiene el agravante de que está debajo de una línea de media tensión, dentro de la zona de restricción que exige Edemsa”, que los intimó a quitar el enrejado.

“No se tiene por qué pedir permiso, porque es un espacio público y no se puede cerrar. No existe nada por escrito que lo haya permitido, y cuando comenzamos la gestión nos encontramos con una intimación de la Fiscalía de Estado que nos pedía que abriéramos todas las calles públicas del departamento”, expresó la funcionaria.

Según aseveró, a partir de eso, el Municipio hizo un decreto que dio de baja a todos los convenios que hayan existido en otras gestiones y que no estaban en regla.

Además aseguró que hay varios que cumplen con los requisitos que exige la ley de loteo y están autorizados a ser cerrados, pero son muchos los que no se encuadran en esas características y han cerrado sus calles arbitrariamente o por algún engaño del administrador que les vendió el loteo.

“No hay otra opción. Ningún juez va a autorizar que permanezca ese cierre en una calle pública, sobre todo donde hay un peligro inminente de una descarga de media tensión”, sostuvo Brucki.

Respecto a la inseguridad, la funcionaria se desligó argumentando que es injerencia de la Provincia, y “el Municipio responde a lo que dictamina la ley”. “Vamos a ir avanzando de manera paulatina con todos los otros barrios que estén en las mismas condiciones. Sabemos que va a generar conflicto pero nosotros tenemos que hacer cumplir la norma”, cerró la encargada de Planificación municipal.

 

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