La vicedirectora de Junín pidió volver al colegio

Este jueves, mediante una conferencia de prensa, la vicedirectora que fue trasladada tras la polémica por el uso del lenguaje inclusivo rompió el silencio. Se trata de Carolina Gutiérrez, una de las autoridades de la escuela N° 1-002 Manuel Blanco Encalada de Junín quien fue criticada por un grupo de padres por la forma en que saludaba a los niños.

A principios de semana, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de trasladar a Gutiérrez “de forma preventiva” a pesar de que la mujer había manifestado que no saludaría más a los menores utilizando el “todes”. La noticia, lejos de traer calma a la situación, avivó el fuego y las llamas parece que continuarán encendidas.

“Nunca me imaginé que un saludo inclusivo iba a generar tanto revuelo. Para mí la inclusión es darle la bienvenida al otro y este saludo inclusivo me parece uno de los dispositivos para hacerlo. Estoy muy preocupada, y ocupada, en el tema de la inclusión”, expresó Gutiérrez que fue respaldada para pedir por su restitución.

A su lado se sentaron el secretario General de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa; la representante legal del sindicato, Janet Maldonado; el secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez; y los secretarios Generales de la CGT y SATSAID, Luis Márquez y Marcelo Aparicio, entre otros dirigentes gremiales y sociales.

“Carolina y cualquier otro compañero o compañera tienen el derecho a hablar de esta manera, a usar lenguaje inclusivo, porque básicamente no daña a nadie, no ofende moralmente, no genera ningún daño a terceros y no está prohibido por la ley. Lo que está haciendo la DGE es un claro ejemplo de persecución política”, expresó Henríquez.

Por su parte, Correa precisó: “Están justificando perseguir a una trabajadora de la educación con un fundamento que no tiene ningún sentido. Sentimos que hay un hecho de persecución por eso haremos la denuncia penal contra dos funcionarios que han declarado en los medios que la han separado de su cargo por ser adherente al Partido Justicialista”.

Tres medidas a tomar

Durante la conferencia, los sindicatos confirmaron que llevarán a cabo tres acciones concretas. La primera de ellas es un emplazamiento al titular de la DGE, Jaime Correas para que adopte las medidas correspondientes para denunciar a los padres que agredieron y amenazaron a la docente durante las asambleas desarrolladas en la escuela.

Por otra parte, denunciarán penalmente al director de Asuntos Legales de la DGE, Francisco Fernández y al delegado de la DGE en la zona Este, Hugo Martín, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por actos discriminatorios. Asimismo, presentarán un amparo sindical, ya que indican que no sólo el traslado lo dispuso un órgano incompetente para resolver al respecto (corresponde a la Junta de Disciplina), sino que afirman que se vulneró con la tutela sindical que ostenta Gutiérrez por formar parte de la Comisión Ejecutiva de la CTA de San Martín.

Por último, la CTA y el SUTE elevaron un pedido formal al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, Samuel Barcudi, para solicitar una audiencia en la cual los dirigentes gremiales expongan la vulneración de derechos hacia la docente.