La violencia aún golpea a Colombia
El país sigue en deuda en materia de derechos humanos, según el informe anual de Naciones Unidas.
(ANSA) - Colombia sigue en deuda en materia de Derechos Humanos, se deduce del informe anual de Naciones Unidas divulgado hoy en Bogotá y que alertó por el alto número de líderes sociales asesinados y la débil consolidación del acuerdo de paz.
El Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recalcó su "preocupación" por los 110 defensores y líderes sociales asesinados el año anterior.
El análisis de esa oficina precisó que el 93% de esos crímenes ocurrieron en regiones con graves problemas de pobreza y justicia, en donde es evidente la ausencia del Estado, la falta de consolidación de la paz con las FARC y la presencia predominante de grupos criminales.
La batería de cifras presentada por la ONU para los Derechos Humanos señaló que en el 66% de estos casos, los motivos de los crímenes fueron la respuesta a las denuncias hechas por los líderes sociales frente al accionar criminal de las organizaciones al margen de la ley.
Además se suman a esas causas la violencia endémica en zonas apartadas del país y hasta el apoyo dado en muchas de esas regiones a la implementación del acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos. Ese aumento de la violencia también se vio reflejado en el incremento en la cifra de masacres perpetradas en el país, que fue del 164%, al pasar de 11 en 2017 a 29 casos registrados en año anterior.
Frente a esta grave situación, la ONU le pidió al gobierno colombiano garantizar la "labor de los defensores de los derechos humanos" mediante el "fortalecimiento y la ampliación de los espacios existentes de participación cívica a nivel territorial" para superar la protección física como única solución para resguardar a estas personas.
Pero ahí no quedaron las sugerencias hechas por el despacho de Naciones Unidas encargado de vigilar los Derechos Humanos, también le recomendó al gobierno de Iván Duque y al Estado en general la urgencia manifiesta para que se ponga en funcionamiento el acuerdo de paz.
"Con la implementación plena del Acuerdo, el Estado tiene una oportunidad histórica para impulsar cambios positivos y sostenibles de índole estructural para el acceso y goce de los derechos humanos de la población", precisó un aparte del Informe, que recordó que "no puede haber vuelta atrás" en ese asunto.
Aunque el Informe no guarda coincidencia que los hechos recientes, resulta llamativo que el pedido se produzca días después que Duque objetara seis artículos de la ley que activa los mecanismos que permiten el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El gobierno ha defendido su decisión con el argumento de que busca perfeccionar lo pactado con el antiguo grupo guerrillero, pero el efecto ha sido otro porque puso en tela de juicio el papel de la Corte Constitucional que había avalado esa norma.
Además se ha visto obligado a acudir a Naciones Unidas y otras instancias internacionales para explicar la determinación, en un escenario en el que la comunidad extranjera solo espera la consolidación de la paz y no talanqueras.
Finalmente, la ONU también le hizo un "llamado" al gobierno y al grupo guerrillero ELN para que respete "el derecho internacional humanitario" y les sugirió replantearse la posibilidad de retomar las charlas de paz, suspendidas por Bogotá.
