Preocupación por cárceles en América Latina

La muerte, la violencia y el abandono en las cárceles de varias naciones latinoamericanas llevaron a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a reclamar a los gobiernos por atención en esos establecimientos en medio de la pandemia.

En las últimas semanas la región fue sacudida por hechos de violencia que condujeron a la muerte de al menos 79 reos en cárceles de Colombia, Venezuela y Perú. La noche del 21 de marzo, 23 reclusos de la cárcel La Modelo de Bogotá murieron en hechos confusos, que el gobierno atribuyó a un motín con el que supuestamente se pretendía ambientar una fuga masiva.

Hace cuatro días, el centro penitenciario de Los Llanos en Guanare, estado Portuguesa, se tiñó de rojo tras la muerte de 47 presos y heridas a decenas más en un aparente amotinamiento.

A finales de abril, en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho, en el Perú, otro levantamiento llevó a la muerte de nueve reos y heridas a cerca de 70 personas.

En todos los casos, el principal argumento esbozado por los presos fue la exigencia a los gobiernos de soluciones para enfrentar el Covid-19, ante el temor de contagios masivos producto de los altos niveles de hacinamiento en algunos de esos lugares.

Lo de la pandemia en los centros penitenciarios es un asunto serio y de cuidado, de eso ha dado muestra la cárcel de Villavicencio, 67 kilómetros al sur de Bogotá, donde hay reportados 508 contagiados, 41 de ellos guardias y un contratista del penal.

La cárcel tiene capacidad para atender a 899 presos, pero están recluidos allí 1.773, un hacinamiento que es común y se extiende a lo largo de todo el país.

El asunto tiene en alerta al gobierno de Iván Duque que semanas atrás emitió una orden para excarcelar a unas 4.000 personas, pero el proceso no avanza y apenas unas 300 han salido en detención a sus hogares.

Frente a la violencia, Rupert Colville, vocero de la alta comisionada, dijo desde Ginebra que la "magnitud y gravedad" de los hechos ocurridos al interior de centros carcelarios indicarían que "en algunos casos" los gobiernos no tomaron las "medidas apropiadas para prevenir la violencia" y hasta se abusó "en el uso de la fuerza" por parte de agentes del Estado para retomar el control.

La ONU le recordó a esos gobiernos que el despliegue de fuerza debe regirse por los principios de "legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación", al tiempo que exigió investigaciones "prontas, exhaustivas, independientes e imparciales" sobre lo sucedido.

La ONU pidió a los gobiernos de la región revisar las medidas de detención de personas que rompieron las órdenes de cuarentena para evitar contagios, establecer mecanismos para que los presos tengan contacto con sus parientes y reciban atención adecuada en temas sanitarios y alimentación.

"En el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que debería permanecer siempre excepcional, pero que ha sido abusada de forma crónica en las Américas", reclamó la ONU que llamó a liberar a presos con sentencias cortas o detenidos por delitos de inmigración, entre otros.