Chile: rebaja en las dietas de los funcionarios

El Consejo de la Alta Dirección Pública (CDAP) en Chile decidió reducir en un 25% la dieta de los parlamentarios y de ministros de Estado, aunque la propuesta era de un 50%.

Asimismo, determinó un recorte del 10% para los ingresos del Presidente de la República, subsecretarios y otras altas autoridades y de un 1% a los asesores de confianza de la repartición pública.

La delicada determinación le fue trasladada a ellos en la ley aprobada en el Congreso propuesta por los jóvenes diputados del Frente Amplio que pedían una disminución del 50%, pero que el Senado eliminó en segundo trámite legislativo.

La iniciativa desde 2014 daba vueltas en el Parlamento pero se reactivó tras la crisis política de credibilidad y confianza gatillada por el movimiento del 18 de octubre pasado.

Hasta ahora, las dietas de diputados y senadores eran equivalentes a la remuneración de un ministro de Estado y las del resto de las autoridades se fijaban por ley.

La rebaja deberá efectuarse respecto de la última remuneración percibida por las autoridades, la que, en el caso de parlamentarios y ministros, es el equivalente a 11.687 dólares. Tras el recorte del 25% queda en 8.765 dólares, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010.

Con el recorte, la relación entre la dieta parlamentaria y de ministros de Estado disminuyó la distancia con el sueldo mínimo de trabajadores, de 29 a 22 veces y con el promedio de las remuneraciones de los ocupados, de 16 a 12 veces.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar -detrás de Estados Unidos-, al séptimo puesto, por debajo de Israel.

La nueva remuneración de los Ministros de Estado quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE y por paridad de poder pasó del segundo lugar, después de Suiza, al noveno lugar, por debajo de Austria.

Debe tenerse en cuenta que las asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo ADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo.

En el documento de 242 páginas que adjuntó el CDAP, los consejeros dejaron en claro que la determinación que adoptasen no podía resolver la crisis en las instituciones públicas, por lo que se centraron en aspectos técnicos.

"La crisis de confianza en las instituciones es uno de los elementos que originan el mandato que recae en este consejo" y agrega que "la misma no se resuelve rebajando en forma radical las remuneraciones de las autoridades y, por el contrario, esto generaría un daño irreparable a la modernización del Estado -fundamental en tiempos críticos como estos- y en la entrega de servicios fundamentales a los más vulnerables", dijo uno de los consejeros en la sesión del 25 de junio.

El presidente de la instancia, Alejandro Weber, reconoció que una rebaja mayor a un 25% podría "ser popular ante a ciudadanía", pero aconsejó a actuar con "responsabilidad" ante los efectos que podría implicar.

Cuatro de los cinco consejeros coincidieron con esta postura, salvo Eduardo Abarzúa, quien postuló una rebaja de 30% para "dar una señal" a la ciudadanía y advirtió que un porcentaje inferior podría ser visto como "colusión" con las autoridades.