Denuncia penal contra el joven que entró con coronavirus
El Ministerio de Salud demandó a Luca Singerman, entre otras faltas, por propagar "una enfermedad peligrosa y contagiosa" y violar "las medidas adoptadas por las autoridades competentes" a su llegada desde Uruguay.
Luca Singerman llegó el jueves pasado de Uruguay en Buquebús y según los investigadores habría falseado la declaración jurada para ocultar encontrarse infectado por coronavirus, diagnóstico que le había sido informado en un hospital de Montevideo.
Luca Singerman, el joven que el jueves ingresó a Argentina desde Uruguay en Buquebús ocultando ante las autoridades que había contraído coronavirus, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Salud de la Nación.
El paciente argentino, de 21 años, arribó a bordo del buque Juan Patricio y habría falseado la declaración jurada para solapar que estaba infectado de COVID-19, un diagnóstico que le habían informado en un hospital de Montevideo, según relataron investigadores judiciales a las que recurrió Télam.
Así las cosas, en los próximos días será indagado por videoconferencia, como lo dispuso el juez competente, quien definirá el momento cuando reciba los estudios médicos encomendados para saber si el joven está en condiciones de declarar.
La demanda, que le llegó cuando está hospitalizado y aislado en el sanatorio Agote según el tratamiento indicado por las autoridades sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está rubricada por el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina.
La cartera sanitaria nacional consideró que Singerman violó el artículo 202º del Código Penal, que estipula una pena de tres a quince años para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Otro de las faltas que le achaca está contemplada en el artículo 205º, que prevé una pena de seis meses a dos años para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Incluso contextualiza el hecho en artículo 239º, que prevé una pena de quince días a un año a quien se “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
El funcionario además hizo una ampliación de la denuncia que presentó la Prefectura Naval en el Juzgado Criminal Correccional Federal Nº9, a cargo del Luis Rodríguez, por los desmanes ocurridos en el puerto en la noche del jueves cuando un grupo de pasajeros intentó descender por la fuerza de la embarcación, sin cumplir con los requerimientos del personal de Sanidad de Fronteras.
Al respecto, Medina destacó: “Queremos que caiga sobre este irresponsable todo el peso de la ley, en momentos en que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en la historia para contener la diseminación comunitaria de un virus que en otros países se está cobrando una gran cantidad de vidas humanas”.
El secretario de Calidad de Salud clamó por una sanción ejemplificadora “para quien desoyó la obligación de cuidarse y de cuidar a los demás, una epopeya en la que todos los argentinos de bien estamos involucrados para cuidar la salud de todas y todos”.
