Informe de la UCA: seis de cada diez niños son pobres en Argentina

El número de niñas, niños y adolescentes (NNYA) que pasan hambre en la Argentina se volvió a reducir en el último año hasta quedar por debajo de los niveles prepandémicos aunque la privación alimentaria total todavía supera levemente las cifras de 2019 y la asistencia alimentaria del Estado llega a seis de cada 10 niños, niñas de entre 0 y 17 años.

Estas cifras forman parte del último documento estadístico producido por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), que también reveló un notable crecimiento de la cobertura estatal de las necesidades de salud y educación, en detrimento de los sistemas privados.

El estudio muestra un considerable aumento en el número de hogares con chicos de clase media - en términos socioeconómicos- que recibieron ayuda alimentaria directa o programas de transferencia de ingresos en 2022 en relación a 2019.

"Lo que vemos de manera bastante reiterada en los indicadores de derechos de la infancia es que tuvimos una situación muy regresiva durante la pandemia y, recién en 2022, retornamos a los valores de déficit previos, en muchos casos no llegando a esos niveles", analizó la coordinadora de este estudio, Ianina Tuñón, en diálogo con la prensa.

No obstante, remarcó que esta mejora encierra igualmente "aumentos importantes de la desigualdad social".

En materia de derecho a la alimentación, el estudio muestra que 4, 2 millones de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) experimentaron inseguridad alimentaria total en el último año, lo que implica que 31.4% de esta población vio reducida la dieta de alimentos en 2022 por problemas económicos; mientras que 1,6 millones (12.3%) tuvieron privaciones alimentarias graves, es decir, pasaron hambre (inseguridad alimentaria severa).

Si bien ambos indicadores mejoraron ostensiblemente con respecto al año anterior, cuando se vio reflejado el impacto de la pandemia de coronavirus, todavía se mantienen relativamente estables respecto a 2019: la inseguridad alimentaria severa descendió 1.75 puntos porcentuales en relación a la prepandemia -14 versus 12,3%- mientras que la inseguridad alimentaria total rozó los valores de tres años atrás -30.5 versus 31.4%-.

Como contrapartida, la ayuda alimentaria directa -ya sea a través de comedores escolares, viandas, comedores comunitarios, copa de leche- y la indirecta -por medio de la tarjeta Alimentar- pasó del 39.2% en 2019 al 59.3% en 2022, lo que representa su máximo histórico desde 2010.

No obstante, el aumento porcentual de las infancias y adolescencias cubiertas por ayudas alimentarias entre 2019 y 2020 (39.2% versus 46.5%) no fue suficiente para detener la tendencia alcista de la inseguridad alimentaria total que pasó del 30.5 al 37.2% en ese período; lo que finalmente se logró en el 2021 y 2022 "pero con niveles mucho mayores de protección social, que fundamentalmente crece en las clases medias bajas, populares".

"Hoy reciben (algún tipo de alimentación gratuita) 6 de cada 10 chicos de las clases medias en la Argentina y justamente lo que es novedoso en esta coyuntura, es el incremento de la ayuda y protección social en las infancias de las clases medias (en términos socioeconómicos y no monetarios), que lo vamos a ver en alimentación gratuita pero también en la AUH y otros planes sociales", explicó.

En referencia a las políticas de protección social por transferencia de ingresos como la AUH, una lectura de su evolución permite concluir que "también se incrementa de manera significativa a partir del 2020 llegando prácticamente la mitad de los chicos" cubiertos por alguno de estos programas, que registran su máximo histórico desde 2010.

Por otra parte, el informe muestra que la mitad de los niños que pertenecen al nivel socioeconómico medio recibió la AUH y otras transferencias no contributivas en 2022, es decir, 20 puntos porcentuales más que en 2019 (30.4%).

Por otro lado, la población de NNYA que carecen de obra social, mutual o prepaga - y por lo tanto dependen del sistema estatal de salud- se ha incrementado de modo sostenido desde 2010, y si bien el pico se registró durante la pandemia con el 60%, en 2022 se ubica en el 58.4%, es decir, casi 3 puntos porcentuales por encima de 2019 (58.4% versus 55.8%).

En ambos casos, la migración al sistema público "no es un déficit en sí mismo, pero sí es un desafío importantísimo para los estados" en tanto debe ofrecer una atención de la salud y una educación "de calidad en condiciones de equidad" en un contexto de mayor demanda.