La Cámara Argentina de Biocombustibles se manifestó a favor de la "ley ómnibus"
A través de la ley ómnibus, el Gobierno busca modificar la Ley de Biocombustibles.La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se manifestó a favor de la "ley ómnibus" que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso, respecto a la libre competencia y la desregulación de los precios.
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Con este proyecto, el Gobierno busca modificar la Ley de Biocombustibles, mediante la cual se impide la posibilidad que todos los actores de la cadena participen en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno.
A través de un comunicado, señalaron que “CARBIO apoya los mecanismos de competencia introducidos en Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Congreso el pasado miércoles 27 de diciembre, en cuanto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.640”.
Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO, afirmó que “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.
La propuesta contempla que las petroleras puedan negociar directamente los valores de compra con los productores, sin intermediación del Estado.
En ese sentido, desde CARBIO subrayaron que la apertura se traducirá en mejoras en la calidad del producto e incentivos para los inversores del sector que “generarán más y mejores opciones para el consumidor”.
Por otra parte, en su comunicado la Cámara realizó una serie de observaciones respecto a algunos puntos clave del proyecto de Ley. En primer lugar, solicitaron la incorporación de una cláusula de reciprocidad en la importación de biodiesel para los restantes países comercializadores.
En cuanto a los cortes obligatorios, la entidad sugirió un valor del 14% para este año 2024 y del 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo -en casos excepcionales y justificados- del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas que se adopten.