Las cárceles mendocinas vuelven a cumplir los estándares internacionales en Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó las cautelares que se habían impuesto a la provincia en el 2014.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, participaron en una audiencia de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 191° período ordinario de sesiones.
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La audiencia, que se realizó en el edificio GSB de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, fue programada para tratar los avances sobre las medidas cautelares aplicadas a los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe.
Durante esta reunión, en la que también estuvieron presentes Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Javier Salgado, representante de Cancillería, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el peticionante Carlos Varela, en el que ambas partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en 2014.
“Este acuerdo representa un claro reconocimiento al esfuerzo que ha realizado en este tiempo. A través de acciones concretas en políticas públicas penitenciarias, junto con la mayor inversión en infraestructura de la historia y la sanción de leyes, reglamentos y protocolos, se ha logrado convertir al Servicio Penitenciario en un referente a nivel nacional, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos”, detallaron Rus y D’Agostino.
Gracias a estas transformaciones, esenciales para un sistema de seguridad eficiente, que incluyen la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, Mendoza ha podido reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
En esta instancia, el abogado Carlos Varela Álvarez, quien en 2014 impulsó las medidas cautelares ante la CIDH, suscribió al pedido de levantamiento reconociendo las mejoras realizadas por la Provincia en los complejos de Almafuerte y San Felipe. Esto demuestra que los avances alcanzados por Mendoza están al nivel de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
