Crece la disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales
Tras los allanamientos, la ministra Patricia Bullrich y el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se expresaron.
Después de los 27 allanamientos ordenados por la Justicia a referentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes, las organizaciones salieron a denunciar amenazas e intimidaciones durante los operativos. “Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, alertó el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
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Frente al Congreso, dirigentes de distintas organizaciones sociales hablaron en conferencia de prensa y negaron irregularidades. Dijeron que se trata de una “persecución política” del Gobierno de Javier Milei.
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP.
Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los allanamientos realizados forman parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales. Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó: "es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir".
La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.
Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.
