El Congreso debatirá la entrega voluntaria de armas y el Registro de Datos Genéticos
El oficialismo busca aprobar los dos proyectos del paquete de seguridad en agosto.El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sancionar en una sesión especial, solicitada para el 7 de agosto, dos proyectos del paquete de seguridad referido al Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual, y la prórroga de entrega voluntaria de armas de fuego.
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El proyecto de reforma de la ley 26.897 del Registro de Datos Sexuales permite abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal y, además, será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas pérdidas o desaparecidas.
En ese sentido, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó que "El Registro Nacional de Datos Genéticos fue creado en el 2013 con la idea de identificar a posibles autores de delitos contra la integridad sexual".
La intención de la reforma es tener dentro del Registro de Datos Genéticos, no solo aquellos que cometieron delitos sexuales, sino a todos los delincuentes para poder entrecruzar datos automáticamente.
Por otra parte, se prorrogará hasta el 31 diciembre de 2027 el Programa de Entrega Voluntarias de Armas, para que las personas en un plazo de 360 días se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para entregar a cambio de un beneficio económico el arma no autorizada.
Según el proyecto se ingresarán al sistema con un número de serie y permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.
Para más adelante quedará la ley Antimafia, una herramienta que el Gobierno considera esencial para luchar contra el crimen organizado, ya que aún resta consensuar con los bloques dialoguistas.
La bancada de La Libertad Avanza también tendrá un fuerte desafió que es lograr acuerdos para sancionar la baja de imputabilidad de 16 a 13 años, que es una propuesta que se instala en el Congreso para situaciones en las que los menores cometen un crimen.