La Justicia rechazó el pedido de Fernández para que el caso pase a San Isidro

El fiscal Ramiro González, que lleva la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, rechazó este martes  el pedido del exmandatario para que el expediente pase a la Justicia de San Isidro y remarcó que el trámite debe permanecer en los tribunales federales de Comodoro Py.

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En la resolución, el fiscal rechazó el planteo de "incompetencia" que había formulado la defensa de Fernández.

El fiscal argumentó que "más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo".

 "Estas características imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado", añadió.   

La defensa de Fernández había planteado que, por tratarse de hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, el expediente debería pasar al Poder Judicial de San Isidro. El fiscal sostuvo en su resolución que "las características de los hechos objeto del proceso sugieren con claridad que la declaración de incompetencia territorial" solicitada por Fernández "se presenta como prematura".

"Según la opinión del Misterio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder", sostuvo González.

Y advirtió que "lo contrario implicaría per se quede un modo apresurado y prematuro se asignen nuevos operadores al caso, se obture la investigación que se encuentra en curso y se incrementen los riesgos de revictimización que es, justamente, lo que la ley impone evitar".