Comedores denuncian a Capital Humano por incumplimientos

Más de 120 comedores realizan un fuerte reclamo judicial contra Pettovello por no cumplir con la entrega de alimentos.
miércoles, 22 de enero de 2025 · 08:05

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) elevaron una nueva denuncia judicial exigiendo sanciones contra el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. Según los denunciantes, la cartera incumple una medida cautelar que ordena la provisión de alimentos a más de 120 comedores comunitarios.

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El reclamo incluye 66 comedores gestionados por la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, 54 de la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR) y otro perteneciente a la Fundación Isla Maciel.

Pettovello nuevamente bajo la lupa.

En un escrito de once páginas presentado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, el CELS y la UTEP solicitaron medidas urgentes para evitar más demoras por parte del Gobierno. Entre los puntos destacados del documento, se exige:

  • Incorporación inmediata de 54 comedores de FACCyR al programa “Alimentar Comunidad”, con sanciones diarias en caso de incumplimiento.
  • Sanciones retroactivas para la ministra Pettovello por no cumplir con la inclusión de 66 comedores de Amanecer de los Cartoneros.
  • Transferencia efectiva de fondos a la Fundación Isla Maciel para el comedor Mártires Populares, registrada en el Renacom, pero aún sin recursos asignados.

Diego Morales, director de Litigios del CELS, señaló: “Estas organizaciones cumplieron con todos los trámites necesarios, pero el Ministerio insiste en poner trabas para evitar cumplir con las órdenes judiciales. Esto no solo vulnera derechos básicos, sino que también deja a miles de familias sin acceso a alimentos esenciales”.

El incumplimiento reiterado por parte de Pettovello podría derivar en denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el CELS y la UTEP, la actitud del Ministerio demuestra una falta de buena fe, priorizando evitar sanciones legales por sobre garantizar el derecho a la alimentación.

Con información de Grupo La Provincia.-