El Gobierno proyecta privatizar más de diez empresas públicas en 2026

La estrategia apunta a reducir la presencia estatal en sectores clave y fortalecer las reservas.
sábado, 27 de diciembre de 2025 · 14:00

El Gobierno nacional prevé avanzar durante 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, en el marco de una estrategia orientada a redefinir el rol del Estado, impulsar la participación privada y obtener recursos para robustecer las reservas.

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El plan incluye compañías de transporte, energía, servicios y comunicación, entre ellas la transformación y posterior privatización de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. A ese listado se suman Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.

También figuran entre las empresas alcanzadas otras firmas estratégicas como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, que presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el sector energético y de transporte, el foco estará puesto además en ENARSA, Corredores Viales, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía.

En línea con ese objetivo, el Ejecutivo completó recientemente el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso previo necesario para facilitar los procesos de privatización. Este viernes quedó inscripta en el Registro Público la última de estas conversiones: Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se enmarca en lo dispuesto por el presidente Javier Milei a través del artículo 48 del DNU N.º 70/2023, que estableció que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica, debían transformarse en sociedades anónimas y quedar sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550, en igualdad de condiciones con las empresas privadas y sin prerrogativas públicas.