La Corte comenzó a transferir al Estado más de USD 60 millones decomisados a Lázaro Báez
El máximo tribunal dio inicio al proceso de adjudicación definitiva de fondos y bienes vinculados a la causa “ruta del dinero K”, cuya condena quedó firme este año.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició formalmente el proceso para incorporar al patrimonio del Estado más de 60 millones de dólares y varios inmuebles decomisados al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Se trata de uno de los mayores recuperos de activos ilícitos registrados en el país.
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La medida fue comunicada mediante un oficio enviado al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero. Allí se notificó que la Corte dispuso el decomiso definitivo de los fondos generados por las subastas judiciales y la inscripción registral de los inmuebles a nombre del tribunal.
Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021 -confirmada por la Cámara de Casación en 2023-, los bienes decomisados ascienden a USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, suma que deberá actualizarse según el índice de precios al consumidor del INDEC. Con la condena firme desde mayo de 2025, quedó habilitada la ejecución total de los decomisos.
En el oficio, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas bancarias de la Corte Suprema y la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
El proceso se da en paralelo a la discusión sobre el manejo de bienes recuperados. En mayo, la Corte -con votos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti- rechazó los recursos de la defensa de Báez y dejó firmes las condenas y los decomisos. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar esos activos. Sin embargo, en octubre, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió su aplicación por considerar que la norma afectaba la independencia judicial.
Cayssials sostuvo que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta de forma directa en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y su autarquía presupuestaria.
