Milei impulsa un nuevo Código Penal con penas más duras y delitos imprescriptibles

El Gobierno nacional avanzó este jueves en la presentación del anteproyecto del nuevo Código Penal, una reforma integral que busca -según la Casa Rosada- “poner fin a la impunidad” mediante un esquema más rígido de penas, menos beneficios penitenciarios y la ampliación del listado de delitos que no prescriben. El documento aspira a reconfigurar el sistema penal y será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

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El texto eleva los mínimos y máximos de diversas figuras delictivas. En el caso del homicidio simple, la pena pasaría de 8–25 años a un rango de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado sumaría nuevos supuestos vinculados a ataques contra autoridades nacionales, víctimas especialmente vulnerables o hechos cometidos en espacios de alta concurrencia. También se incrementan sanciones para lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y delitos vinculados con pornografía infantil.

La reforma incorpora figuras específicas para modalidades de robo como “motochorros”, “viudas negras” y sustracción de dispositivos electrónicos. El robo con fuerza en bienes tendría un piso de 3 a 8 años, y el cometido con violencia sobre personas, 3 a 10 años.

Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de delitos considerados de máxima gravedad: homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. El Gobierno argumenta que “el paso del tiempo no puede convertirse en un acto de injusticia para las víctimas”.

El proyecto también restringe significativamente la posibilidad de acceder a condenas condicionales y libertades anticipadas. Según cálculos oficiales, con los nuevos mínimos penales “el 82% de los delitos tendrá cumplimiento efectivo”. Reincidentes, autores de robos agravados, homicidios y funcionarios condenados quedarían excluidos de beneficios.

Otro punto central es que las condenas comenzarán a ejecutarse tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de un tribunal superior, evitando la espera de un fallo de la Corte Suprema. Las perpetuas “no tendrán límite temporal”, y los funcionarios condenados perderán automáticamente jubilaciones de privilegio.

El anteproyecto también amplía garantías de legítima defensa y crea nuevos mecanismos para que las víctimas participen en decisiones que afecten la ejecución de la pena. El Gobierno sostiene que las reformas buscan “recuperar la centralidad de la víctima en el proceso penal”.