La Cámara alta convirtió en ley el proyecto antimafia contra el narcotráfico
La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativos, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación.
El Senado convirtió en ley el proyecto antimafia que propone el abordaje integral del crimen organizado. La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativos, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación.
Leer también: Un motociclista argentino murió en Chile tras protagonizar un accidente
Fue acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y espacios federales. A este lote se sumaron los votos de los kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy).
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Además, se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Se dispuso también que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, "las actuaciones pasarán a la Justicia Federal".
Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
