Buscan declarar la emergencia en salud mental en todo el país
El proyecto propone fortalecer equipos, infraestructura y el acceso a tratamientos con una mirada federal y comunitaria.
La diputada nacional Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa tiene como objetivo central garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 26.657, a través de un Plan Nacional de Acción que articule recursos, profesionales e infraestructura con un enfoque federal y comunitario.
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El proyecto contempla la creación de dos fondos específicos: uno para el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios y otro destinado a la inversión en infraestructura y obra pública, especialmente en casas de medio camino y dispositivos de internaciones breves. Estos fondos serían financiados, en parte, con el 30% de las retenciones a la soja y distribuidos de manera coparticipable con las provincias, que a su vez deberán transferir los recursos a los municipios.
“La ley actual reconoce derechos, pero no se cumplen si no se financian. Declarar la emergencia es el primer paso para construir un sistema federal, accesible y humano, que cuide de verdad”, afirmó Gaillard. “Esta ley es una respuesta ética, jurídica y política frente a una deuda histórica del Estado con millones de personas”, agregó.
Entre los ejes centrales del plan, se destaca la necesidad de formar y capacitar trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, además de garantizar campañas de prevención, orientación familiar y sensibilización pública.
La diputada también propuso el restablecimiento del Plan Remediar en su componente de salud mental, con provisión gratuita de psicofármacos y medicamentos esenciales en centros de salud y hospitales públicos, sin importar la condición económica de los pacientes o la provincia en la que vivan.
La propuesta parte de un diagnóstico crítico: el 70% de los profesionales de salud mental están concentrados en el AMBA, el presupuesto actual representa apenas el 1,8% del total en salud, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes. A este panorama se suman el impacto de la pandemia, el incremento del consumo problemático y el uso compulsivo de las tecnologías.
Por último, el proyecto prevé un programa nacional de acompañamiento y orientación para familiares de personas con padecimientos psíquicos, con el fin de fortalecer las redes de cuidado desde una perspectiva comunitaria, humana y con enfoque en derechos.
