Crece el rechazo al nuevo estatuto de la Policía Federal impulsado por Bullrich
Diputados de Unión por la Patria y la izquierda buscan anular el decreto que habilita ciberpatrullaje sin orden judicial, detenciones arbitrarias y acceso a bases de datos.
La reforma del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), impulsada por el Gobierno a través del decreto 383, generó una fuerte reacción en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda presentaron proyectos para anularlo, argumentando que la medida atenta contra derechos constitucionales y consolida un modelo de “Estado policial”.
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El nuevo estatuto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, redefine el rol de la fuerza, otorgándole amplias facultades para intervenir en investigaciones criminales complejas. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados es la habilitación del ciberpatrullaje en redes y plataformas digitales abiertas sin orden judicial, así como la posibilidad de realizar requisas, detener personas hasta por diez horas sin intervención de un juez y acceder a bases de datos públicas y privadas.
La diputada Mónica Macha (UP) calificó la medida como “violatoria de esenciales principios del Estado de Derecho” y advirtió que excede las competencias constitucionales del Ejecutivo. “Estas disposiciones son nulas de nulidad absoluta”, afirmó, y alertó sobre el uso potencial de estas herramientas para persecución política y discriminación social.
Por su parte, Christian Castillo (FIT) denunció que el nuevo estatuto “impone un régimen de espionaje ilegal y detenciones arbitrarias”. Según su interpretación, el Gobierno busca habilitar la detención de personas por simple presunción o perfil, sin pruebas concretas, y trasladar el enfoque penal desde los hechos a las características del individuo.
“El Estado policial que impulsa Milei se basa en el miedo y en el recorte de libertades”, sostuvo el legislador, quien también cuestionó la narrativa oficial de “modernización” de la fuerza. Su proyecto de anulación cuenta con el respaldo de otros referentes del FIT como Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.
El decreto fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni como parte de una reestructuración para orientar a la PFA hacia la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, bajo un modelo inspirado en el FBI. Desde la oposición, sin embargo, insisten en que las nuevas atribuciones no solo son inconstitucionales, sino que también representan una amenaza directa al ejercicio de derechos y garantías fundamentales.
