La Justicia frenó el decreto que eliminaba el feriado del Día del Trabajador del Estado
Una medida cautelar del fuero laboral suspendió de forma provisoria la eliminación del 27 de junio como jornada no laborable para empleados públicos.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 dictó este miércoles una medida cautelar que suspende temporalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, publicado ese mismo día en el Boletín Oficial, que eliminaba el feriado del “Día del Trabajador del Estado”.
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La resolución fue adoptada tras una presentación judicial realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó ante la Justicia laboral la protección de los derechos adquiridos de los empleados de la administración pública nacional. El gremio solicitó que se deje sin efecto la medida del Poder Ejecutivo por considerarla arbitraria y lesiva de condiciones laborales reconocidas por ley.
La jueza nacional Moira Fullana resolvió que la cercanía del dictado del DNU con la fecha del feriado -publicado en el Boletín Oficial el mismo día 26- habilitaba a tomar una decisión urgente. En su fallo, detalló que “la norma deroga un derecho otorgado a los trabajadores del Estado que se hace efectivo todos los 27 de junio”, y que su aplicación inmediata habría producido un daño irreparable.
Desde ATE celebraron la resolución como “un freno institucional al atropello del Gobierno” y adelantaron que continuarán defendiendo en todas las instancias los derechos de los trabajadores estatales.
En los fundamentos de la sentencia, se consideró que “están reunidos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 26.854 y el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y que corresponde “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2.º del DNU 430/25”.
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El Día del Trabajador del Estado fue establecido en 2013 a través de la Ley 26.876, en conmemoración de la firma del primer convenio colectivo de trabajo para el sector público. El feriado rige únicamente para empleados de la administración pública nacional, aunque algunas provincias y municipios también lo adoptan.
