Milman propone subir a 75 años la edad para acceder a la prisión domiciliaria
Vecinos del oeste de Godoy Cruz se mostraron preocupados por la posible pérdida de un espacio verde comunitario.
El diputado nacional Gerardo Milman volvió a instalar el debate sobre la prisión domiciliaria, al presentar un proyecto de ley que propone elevar de 70 a 75 años la edad mínima para que una persona condenada pueda acceder a ese beneficio. La iniciativa, firmada también por la legisladora Marilú Quiros, se conoció pocos días después de que el exgobernador José Alperovich, condenado por abuso sexual, comenzara a cumplir su pena en un lujoso departamento de Puerto Madero tras cumplir los 70 años.
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El proyecto modifica el artículo 32 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, con el objetivo de evitar que personas con condenas graves eludan el cumplimiento efectivo de su sentencia en establecimientos penitenciarios. Milman justificó la iniciativa en la evolución de los indicadores de salud y esperanza de vida en Argentina: “El promedio supera los 76 años, y en sectores urbanos de alto nivel socioeconómico llega incluso a más de 80. Es razonable actualizar la legislación en función de estos datos”, sostuvo.
Según cifras del Ministerio Público Fiscal citadas por el legislador, el 58% de las personas mayores de 70 años que recibieron arresto domiciliario no fueron evaluadas previamente por un cuerpo médico independiente. Para Milman, esto habilita “una peligrosa discrecionalidad judicial” que puede traducirse en percepciones de impunidad, sobre todo en casos de delitos de corrupción o de lesa humanidad.
Uno de los ejemplos que puso el diputado fue el de Alperovich, quien el pasado abril dejó el penal de Ezeiza para continuar su condena en su propiedad de Puerto Madero, luego de que el juez Juan Ramos Padilla considerara procedente el beneficio por razones etarias. Milman cuestionó esa decisión: “No hubo una evaluación médica independiente que lo justificara, ni se consideraron aspectos clave como su acceso a visitas íntimas o el nivel de confort del domicilio”.
Además, remarcó que el objetivo del proyecto no es vulnerar derechos: “No se trata de restringir garantías, sino de preservar el carácter excepcional del arresto domiciliario. Es una medida que debe aplicarse con criterios objetivos y no como un atajo para evitar la cárcel”.
