El Gobierno apelará el fallo que frenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad
La suspensión fue dictada por la Justicia a raíz de un amparo presentado por el gremio Sevina. El Ejecutivo insiste en avanzar con la eliminación del organismo.
El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que suspendió por seis meses la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), donde reiteró la intención del Ejecutivo de avanzar con el cierre de ese organismo técnico.
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La Justicia había ordenado frenar los efectos del Decreto 461/2025 luego de hacer lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, que representa a trabajadores del sector. El fallo impide ejecutar traslados, cesantías, reubicaciones o cualquier modificación estructural mientras se analiza la legalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei.
Adorni había anunciado días atrás en Casa Rosada el cierre “definitivo” de la DNV, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, al calificarlos como “estructuras innecesarias y foco de corrupción en la obra pública”.
Según el Gobierno, las funciones de estos organismos serán absorbidas por otras dependencias, como la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía. A su vez, se creó una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que reemplaza a la CNRT en materia de fiscalización.
La Dirección de Vialidad Nacional fue fundada en 1932, ha sido históricamente responsable del diseño, construcción y mantenimiento de la red vial argentina. Su rol ha sido clave para garantizar la conectividad territorial, la seguridad en rutas y el desarrollo productivo y turístico del país.
El fallo judicial plantea que el organismo no puede ser eliminado por decreto debido a su carácter de ente autárquico protegido por ley. Además, advierte que la medida pone en riesgo derechos laborales y compromete la planificación estatal en infraestructura vial.
