YPF: sospechan filtración de información a favor de los fondos buitres
El Gobierno echó a 60 funcionarios en medio del juicio multimillonario por la expropiación de YPF decidida por Cristina Kirchner.
Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
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El caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York, Loretta Preska, a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina. Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
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En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.
