Marcha atrás opositora: Milei vetó la ley de jubilados y no hay votos para revertirla
La oposición no logró reunir los dos tercios necesarios y postergó el debate sobre los vetos a las leyes de jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional.
El presidente Javier Milei vetó este lunes, a través del decreto 534/2025, tres leyes clave sancionadas por el Congreso: el aumento a las jubilaciones y el bono para haberes mínimos, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026. Aunque los bloques opositores habían anticipado que buscarían insistir con la sanción original, finalmente decidieron dar marcha atrás al no contar con los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.
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La decisión de no incluir el tratamiento de los vetos en la sesión prevista para este miércoles fue adoptada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros espacios opositores. A pesar del malestar generalizado, reconocen que no cuentan aún con los votos suficientes para revertir la medida del Ejecutivo y buscan evitar una derrota parlamentaria que debilite sus reclamos.
Un Congreso en pausa y una estrategia dividida
El decreto presidencial, que aún no ingresó formalmente a la Cámara de Diputados, será debatido más adelante, aunque no hay consenso sobre cuándo. Unión por la Patria propone tratarlo junto con proyectos de coparticipación promovidos por los gobernadores, mientras que sectores como Democracia para Siempre prefieren postergar el tratamiento para septiembre u octubre, en el marco del clima electoral.
Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, también plantea avanzar con el debate, pero exige una definición clara de los gobernadores considerados “dialoguistas”, como Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), de quienes dependen varios diputados clave para alcanzar los dos tercios.
Por otro lado, este miércoles tampoco se debatirán los proyectos de los gobernadores sobre el impuesto a los combustibles y la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lo más probable es que se vote un emplazamiento para que las comisiones de Presupuesto y Energía emitan dictamen, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
La aritmética parlamentaria complica a la oposición
Para revertir los vetos, la oposición necesita una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En Diputados, eso implica reunir al menos 172 votos afirmativos, un número que hoy parece inalcanzable. Incluso, ya se descuenta que la ley de moratoria previsional no podrá ser confirmada, debido a que fue sancionada por una diferencia mínima.
Desde el oficialismo, en tanto, iniciaron gestiones para blindar los vetos y asegurarse los 86 votos necesarios para ratificarlos. Con 46 votos propios, Milei necesita sumar al PRO, el MID, monobloques provinciales como Somos Fueguinos y, al menos, media docena de radicales. También apuesta al respaldo de diputados que responden a los gobernadores aliados de Mendoza, Entre Ríos y Chaco, con quienes ya cerró acuerdos electorales de cara a octubre.
Donde la situación es más compleja es en torno a la ley de emergencia en discapacidad. En ese caso, los apoyos son más inciertos, y tanto el oficialismo como la oposición siguen de cerca la postura que puedan adoptar los representantes de Innovación Federal, alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Un ajuste sin consenso
La marcha atrás en el Congreso deja a miles de jubilados en una situación crítica. La ley vetada preveía un aumento del 7,2% en los haberes, una suba del bono mínimo de $70.000 a $110.000 y compensaciones para las cajas provinciales. Con la decisión del Ejecutivo, esas mejoras quedarán en suspenso hasta nuevo aviso, en medio de una coyuntura marcada por la caída del poder adquisitivo y la creciente demanda de asistencia social.
Mientras tanto, el Gobierno se muestra confiado en que podrá sostener los vetos. Según fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza “no tiene apuro” en tratar el tema, ya que los vetos seguirán vigentes mientras el Congreso no los rechace expresamente. La estrategia oficial es prolongar la indefinición y fortalecer sus acuerdos con aliados provinciales que le garanticen la gobernabilidad sin ceder en su política de ajuste.
