Diputados dio media sanción a la ley de financiamiento universitario
La iniciativa busca garantizar salarios dignos para docentes y no docentes, y asegurar el funcionamiento de las universidades públicas.
Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado.
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El texto aprobado retoma los ejes centrales del proyecto vetado por el presidente Javier Milei en 2024. Propone una recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, actualizaciones periódicas según la inflación, mejoras en los fondos de funcionamiento de las casas de estudio, y un refuerzo a los programas de becas estudiantiles.
Entre sus puntos clave, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios del personal universitario desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción, con una suba no menor a la inflación acumulada en ese período. Esta mejora será remunerativa, bonificable y deberá aplicarse al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Además, obliga al Gobierno a convocar paritarias con una frecuencia no mayor a tres meses, garantizando en cada tramo de negociación una actualización salarial mensual acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro de los artículos destacados ordena actualizar el monto destinado a gastos de funcionamiento de las universidades desde enero de 2025, con ajustes bimestrales según la inflación. Los montos ya otorgados durante este año se tomarán como parte del cálculo.
En cuanto a las becas, se exige recomponer todos los programas (como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería), aplicando una actualización proporcional al IPC acumulado desde diciembre de 2023. También se establece un incremento progresivo en la cantidad de estudiantes beneficiarios, en línea con la matrícula actual del sistema público.
El proyecto contempla además una partida extraordinaria para regularizar ingresos a la carrera de Investigador Científico y garantizar becas doctorales y posdoctorales.
Para su financiamiento, la ley permite al Ejecutivo disponer de créditos presupuestarios sin afectar la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También podrá utilizar ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado.
Por último, se prevé que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice el control administrativo externo de las universidades públicas, aunque dicho organismo actualmente se encuentra acéfalo, debido a la falta de designación de auditores por parte del Congreso.
