Universidades convocan a una marcha federal tras el veto de Milei
El movimiento universitario anunció una movilización nacional y un paro docente en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial.
La comunidad universitaria salió a responder al veto total de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial. La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron una marcha federal que se realizará el mismo día en que el Congreso trate la anulación del decreto presidencial. Se estima que la sesión podría fijarse para el 17 o el 24 de septiembre.
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Como medida inmediata, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) resolvió convocar a un paro nacional este viernes, con cese total de actividades en todas las universidades públicas del país.
“Si hay veto, hay marcha”
La consigna, que ya había sido anticipada por los gremios y federaciones, quedó ratificada tras la decisión del Ejecutivo. “El Gobierno nos empuja a convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.
Por su parte, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), remarcó: “Ni las universidades, ni los hospitales, ni los jubilados y discapacitados pueden ser las variables de este ajuste. La sociedad ya se expresó en las urnas, el deber de escucharla es de quienes gobiernan”.
Las organizaciones adelantaron que la movilización no se limitará al ámbito educativo, sino que confluirá con otros sectores afectados por las políticas de ajuste, como la salud pública, especialmente con el reclamo del Hospital Garrahan.
Los alcances de la ley vetada
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada con un amplio respaldo legislativo: 58 votos a favor en el Senado, 10 en contra (siete de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones. El texto obligaba al Gobierno a:
- Actualizar mensualmente los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales según el índice de inflación.
- Recomponer los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción.
- Convocar a paritarias para negociar mejoras salariales.
- Fortalecer programas académicos y de investigación, además de garantizar becas y bienestar estudiantil.
Desde los rectorados recordaron que el congelamiento presupuestario y la falta de recomposición salarial provocaron “una pérdida de casi la mitad del poder adquisitivo” en los últimos dos años, lo que llevó a universidades como la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo.
Un conflicto en ascenso
El veto de Milei, formalizado en el Decreto 647/2025, se enmarca en la política del Ejecutivo de frenar cualquier iniciativa que limite la administración de recursos desde el Congreso. Sin embargo, la decisión amenaza con abrir una nueva fase del conflicto educativo, donde estudiantes, docentes y autoridades universitarias buscan ampliar la protesta y sumar respaldo social.
