Conadu hará paro si el Gobierno veta la Ley de Financiamiento Universitario
Así lo resolvió un plenario de secretarios generales de los gremios adheridos a la Conadu, que además convocan a una gran Marcha Federal.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que dispondrá un paro nacional, en caso de que el presidente Javier Milei disponga un veto a la Ley de Financiamiento Universitario, medida que se cumpliría al día siguiente de que esto sea publicado en el Boletín Oficial.
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Así lo resolvió un plenario de secretarios generales de los gremios adheridos a la Conadu, que además acordaron trasladar la propuesta al seno del Frente Sindical Universitario.
Además, se aprobó convocar a realizar una gran Marcha Federal Universitaria en coincidencia con la sesión parlamentaria que, en caso de producirse el veto, debería rechazarlo.
La Conadu pidió, asimismo, sostener acciones tanto a nivel local como nacional para mantener la visibilización del conflicto durante las semanas que transcurran entre el hipotético veto presidencial hasta la convocatoria a la marcha.
“Hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”, señaló Carlos De Feo, secretario general de la Conadu.
Para el gremialista “es fundamental consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo, y tomar las calles de punta a punta del país el día que el Congreso debata el veto presidencial que pende sobre la Ley de Financiamiento Universitario”.
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“La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso, para poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”, añadió.
La Conadu viene de cumplir un plan de lucha que incluyó paros de 48 horas semanales entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre en demanda de mejoras salariales y en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que recibió sanción definitiva el 22 de agosto en el Congreso.
