Bodegas de Argentina apoyó la derogación de la ley que creó la COVIAR
La cámara empresarial cuestionó el uso de fondos y el incumplimiento de los objetivos previstos para el desarrollo del sector vitivinícola.
Bodegas de Argentina, la organización que nuclea a más de 200 empresas vitivinícolas del país, emitió un contundente comunicado donde expresa su apoyo a la derogación de la Ley 25.849, que en 2004 dio origen a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La decisión se basa en una profunda evaluación del desempeño de la corporación y su impacto en la industria.
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La cámara señaló que la COVIAR fue creada para gestionar y coordinar la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2020), con metas ambiciosas como alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones y representar el 10% del volumen mundial de vinos. Sin embargo, al cierre de 2020, los objetivos quedaron muy lejos de cumplirse: la participación internacional apenas llegó al 3,7% en su mejor momento —durante la pandemia— y las exportaciones se estancaron en USD 791 millones.
El análisis de Bodegas de Argentina también expone que, durante el periodo 2004-2020, se gastaron aproximadamente USD 230 millones provenientes tanto de aportes privados obligatorios de las bodegas como de fondos públicos, sin lograr los resultados prometidos. Además, advierten que la falta de auditorías, la escasa transparencia y los reiterados pedidos de rendición de cuentas no atendidos terminaron por minar la confianza en la gestión de la entidad.
En su evaluación, Bodegas de Argentina describe una alarmante caída en los indicadores clave del sector: la superficie implantada con viñedos se redujo en un 10% desde 2014; el consumo interno de vinos cayó un 46% desde 2004; y el empleo en viñedos y bodegas disminuyó un 12,4% y 8,1%, respectivamente. "Estos datos reflejan una crisis profunda que no puede ser ignorada", señalaron desde la cámara.
Otro de los puntos críticos planteados en el comunicado es que COVIAR no actúa como una cámara empresaria de adhesión voluntaria, sino que impone contribuciones obligatorias a las bodegas registradas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, bajo amenaza de inmovilización operativa en caso de incumplimiento. "Esta situación genera una carga adicional para las empresas en un contexto de presión fiscal asfixiante", remarcaron.
Asimismo, desde la organización cuestionaron el uso de los recursos por parte de COVIAR, señalando que gran parte de los fondos se destinaron a la promoción de la propia institución, a la organización de eventos políticos y a la contratación de medios de comunicación, en lugar de apoyar de manera efectiva la promoción internacional del vino argentino o el desarrollo productivo.
En diciembre de 2020, junto a otras cámaras sectoriales, Bodegas de Argentina notificó la finalización del PEVI 2020 y solicitó que no se elaborara un nuevo plan estratégico bajo el mismo esquema. No obstante, la estructura de la COVIAR se mantuvo activa, generando, según afirmaron, más confusión que beneficios tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
"Hoy la vitivinicultura necesita eficiencia, competitividad y un uso responsable de los recursos", concluye el comunicado. "No podemos seguir sosteniendo una institución que dejó de cumplir su misión, que consume fondos públicos y privados y que no representa los intereses de toda la industria".
