Ataque a Claudia Ríos: investigan a siete penitenciarios que trasladaron al atacante
"Siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados", informó Marcelo Puertas.Siete empleados penitenciarios, responsables del traslado y las requisas al preso que hoy atacó a la fiscal Claudia Ríos con una chuza durante un debate oral en el Polo Judicial de Mendoza, fueron pasados a disponibilidad y los investigadores intentan determinar si el agresor contó con la colaboración del personal de esa fuerza de seguridad, informaron hoy oficialmente.
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Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad que depende del Ejecutivo provincial, aseguró esta tarde que "siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados".
En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que "se están identificando a los responsables vinculados al Servicio Penitenciario" que participaron no solo del traslado sino de la requisa del preso Hugo Eduardo Arredondo Suárez, quien esta mañana pretendió atacar con una "chuza" a la fiscal Ríos durante un cuarto intermedio.
Según Puertas, Arredondo Suárez "está alojado en el penal de Almafuerte y existen protocolos de seguridad para los traslados", y afirmó que "no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio".
"Al salir del penal tiene que ser requisado, se lo sube a un móvil y al bajar es requisado nuevamente. Luego, al ingresar a la sala de audiencias hay una tercer requisa", explicó el funcionario.
"Evidentemente alguna persona no ha cumplido con sus deberes y no se descarta el dolo, por si hubiera algún acuerdo a los fines de acceder al elemento corto punzante con la cual intentó agraviar o matar a la fiscal Ríos", analizó Puertas.
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Respecto a los penitenciarios que fueron pasados a disponibilidad, el titular de la Inspección de Seguridad dijo que "no están imputados" en el marco de la causa, aunque reconoció que "eso va a ocurrir a posteriori de obtener la prueba de cargo".
"Mientras tanto, los penitenciario fueron pasados a disponibilidad, lo que significa que no van a prestar servicios y cobrarán un 45 por ciento de sus emolumentos", señaló.
"Se los va a citar a indagatoria donde podrán declarar y presentar la defensa pertinente y pruebas de descargo como estrategia defensiva para ver cómo se dilucidan estos hechos que se les están imputando", dijo Puertas.
Paralelamente continúa la investigación judicial y si se impone la privación de la libertad, la indagatoria será en penal de San Felipe donde se alojan los penitenciarios.