Comienza el juicio político contra el juez Walter Bento
Un jurado de enjuiciamiento resolverá si lo destituye o lo confirma en el cargo.
El juicio político contra el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, quien afronta un juicio penal acusado de cobrar coimas para beneficiar a imputados en diversos delitos, comenzará este lunes en la Capital Federal. Bento está acusado en esa instancia por presuntos vínculos con organizaciones ilegales.
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El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados juzgará a Bento por presunto “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”.
El Consejo de la Magistratura lo suspendió en sus funciones y lo mandó a la etapa de debate en la que podría ser destituido y perder sus fueros, lo que amenaza con complicar su situación personal en el juicio penal que afronta.
El juicio político se iniciará a las 10 en el edificio sede del Consejo de la Magistratura, en la calle Libertad al 700 de esta Ciudad, y Bento tendrá la posibilidad de declarar después de que se lea la acusación en su contra.
El jurado que lo enjuiciará estará integrado por los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (de Juntos por el Cambio); las diputadas Anahí Costa (FdT) y Ana Romero (JxC) y el abogado Alfredo Barrau.
El veredicto está previsto para finales de octubre próximo.
Investigación
La fiscalía federal de Mendoza y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) consideran a Bento presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados.
Los fiscales Dante Vega y Diego Velasco y Laura Roteta (estos últimos por la PROCELAC), imputaron también a otras 28 personas, entre ellas la esposa y un hijo del juez.
La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
En el juicio penal, Bento está acusado de haber encabezado “al menos desde el año 2007” una organización ilegal cuyo “propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía”.
