La Nación ayudará a implementar el Código Procesal Civil y Comercial
Para eso, el Gobierno firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Mendoza.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, firmó un convenio de asistencia y cooperación técnica recíproca para la implementación del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza con Héctor Chayer, coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Pedro Llorente.
El acuerdo establece acciones conjuntas y coordinadas entre los firmantes y la implementación de actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones e intercambio de información, entre otras tareas.
Garay destacó: “El convenio viene a cerrar un ciclo, luego del primero, que fue de prueba en la materia procesal civil, previo a la sanción de la ley y a la aplicación, que será en febrero de 2019. Termina de sellar los compromisos entre el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia; el Estado provincial y la Corte, en un conjunto tanto de apoyo financiero como de capacitación para los jueces y funcionarios judiciales que a la fecha vienen aplicando el nuevo Código Procesal Civil y que lo van a hacer de manera íntegra a partir de febrero”.
En el convenio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se compromete a prestar colaboración y apoyo técnico de diversa índole –incluye capacitaciones en oralidad y manejo de audiencias, técnicas, y conciliación y mediación– para implementar el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza y dar seguimiento a la implementación a través de la elaboración de indicadores hasta el 31 de diciembre de 2019.
Durante el acto, Chayer presentó el informe “Generalización de la oralidad en procesos de conocimiento civiles y comerciales de la provincia de Mendoza”, que registra el monitoreo realizado a dos meses y medio de la implementación de la oralidad en 18 juzgados civiles y comerciales de Mendoza. Además destacó la labor conjunta entre el Poder Judicial de Mendoza y Justicia 2020.
Por su parte, Garay remarcó: “Sin estar vigente el Código Procesal Civil y Comercial, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizó una prueba piloto exitosa que consistió en la realización, de agosto a noviembre de 2017, de 168 audiencias orales en dos meses y medio, de las cuales 25 fueron conciliaciones y 11, finales”.
Objetivos del convenio
El Ministerio de Justicia de la Nación considera los proyectos que permitan la transformación de todos los sistemas judiciales, del Poder Judicial y de los ministerios públicos en el marco de las exigencias constitucionales, su transición a los nuevos modelos y el seguimiento de estos.
En Mendoza, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, desde hace varios años, trabaja en el fortalecimiento del sistema de justicia, siendo uno de los principales objetivos la cooperación interinstitucional en todos los niveles del Estado.
Respecto de los objetivos de la Suprema Corte de Justicia, son reducir los tiempos procesales, asegurar y facilitar la accesibilidad del ciudadano a la justicia, y transparentar los actos posibilitando el control público de estos y la mejora continua en la calidad de la gestión judicial.
