Minería clausuró una cantera clandestina en San Rafael
La denuncia sobre la extracción ilegal de áridos fue hecha por el Municipio de General Alvear.
La Subsecretaría de Energía y Minería de la Provincias, a través de la Dirección de Minería, confirmó la paralización de actividades en la cantera de áridos perteneciente a Ricardo Cabrera, ubicada en la localidad de El Juncalito, en el límite departamental entre San Rafael y General Alvear.
A raíz de una denuncia efectuada por el Municipio de General Alvear, la Policía Minera procedió a inspeccionar las actividades ilegales de extracción de áridos en la cantera, que no presenta la habilitación correspondiente, y detectó la presencia de maquinaria cargadora, un plano inclinado y un camión para cargar el material.
La explotación se realizaba en cercanías del río Atuel, por lo que se solicitó el análisis de la posible afectación de las zonas pobladas cercanas para evitar potenciales alteraciones a futuro, como inundaciones que puedan producirse en la zona.
Desde la Dirección de Minería explicaron que al momento de identificar los trabajos clandestinos procedieron a paralizar todo tipo de actividad minera, como extracción, acopio, retiro de rechazos, transporte y clasificación, hasta que se proceda a inscribir correctamente la cantera junto con un visado, la autorización y los permisos por parte de la Municipalidad y demás organismos involucrados, bajo apercibimiento de las sanciones contempladas en el artículo Nº264 del Código de Minería.
La paralización de las actividades en la cantera de San Rafael se suma a las efectuadas en marzo en el establecimiento sobre el Arroyo Grande en Vista Flores, Tunuyán, y en abril a una cantera en Fray Luis Beltrán, Maipú, que no tenía los permisos legales ni ambientales para trabajar en la zona.
De igual modo, la Policía Minera inició un proceso de investigación en una cantera en Lavalle donde, luego de conocerse un importante conflicto que tuvo relevancia en los medios de comunicación entre puesteros de un terreno en el distrito de Jocolí y una familia que aduce ser la propietaria de El Quemado desde mediados de los años ’70, los inspectores corroboraron la presencia de indicios de explotación de áridos pese a la existencia de una clausura efectuada en 2013.
