Gran expectativa despiertan las sentencias por abusos en el Próvolo
El lunes antes del mediodía serán leídas por el Tribunal Penal Colegiado 2, con la presencia de todas las partes y hasta de la prensa local e internacional.
Una “muy buena expectativa de un resultado condenatorio” contra los sacerdotes Nicola Corradi (83 años ) y Horacio Corbacho (61), y el jardinero Armando Gómez (51) es lo que demuestra el procurador de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, con relación a la sentencia que será difundida el lunes por los casos de abusos sexuales con acceso carnal cometidos en el instituto religioso Antonio Próvolo contra alumnos hipoacúsicos, donde -según graficó- se vivía “claramente un silencio que aturdía”.
“Fuimos los primeros, aquí en Mendoza, que sometimos a juicio a sacerdotes de esta orden, que se sabía que venían de la ciudad de Verona (Italia) y que venían escondiéndose de un lado para otro”, relató.Y señaló incluso que “se ha logrado desentramar algo que estaba cerrado; era claramente un silencio que aturdía”.
En declaraciones a Radio Nihuil, el jefe de los fiscales provinciales demostró su “satisfacción porque se ha puesto en valor la tarea del Ministerio Público” durante el desarrollo del proceso en la causa principal, cuyos tres imputados son juzgados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores contra menores de edad hipoacúsicos”.
Así, el lunes antes del mediodía, el Tribunal Penal Colegiado 2 (de los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli) comunicará la sentencia ante víctimas y familiares que ya se están autoconvocando, así como numerosos medios de prensa locales e internacionales.
Durante las etapas de los alegatos, los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci (en representación de cuatro víctimas del Próvolo) pidieron la pena máxima para ese tipo de delito contra la integridad sexual: 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo contra Corradi y Corbacho, y 30 años de reclusión para Gómez.
Por su parte, el Ministerio Publico Fiscal había solicitado previamente una pena de 45 años para los sacerdotes, y de 22 años y medio para el jardinero.
Mientras, al momento de alegar, Alicia Arlotta -defensora oficial de los curas- pidió que fuera anulado todo lo actuado porque “se violó el derecho a la legítima defensa” e indicó que, como “no hubo fechas certeras de cuándo se dieron los hechos, no pudo defender correctamente a los imputados".
Y fue más allá al solicitar que sus tres defendidos sean absueltos si el tribunal no hace lugar a la nulidad o que les apliquen la pena mínima de diez años si hubiera condena.
