Mañana habrá una concentración por la sentencia del caso Próvolo

Mañana será un día que marcará una inflexión en la historia judicial de Mendoza, ya que bajo una gran expectativa popular, a las 9, en los Tribunales Provinciales será dada la sentencia del primer juicio de la causa por abusos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Próvolo contra niños sordos e hipoacúsicos.

Para esperar ese momento, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo Mendoza ha convocado a la comunidad a la puerta de esa sede judicial (Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen, Ciudad) con el fin de apoyar a las víctimas del caso en el pedido de “condena efectiva y ejemplar a los curas abusadores y torturadores Nicola Corradi, Horacio Corbacho y al administrativo Armando Gómez”, según reza la invitación.

Los organizadores del encuentro destacaron en un comunicado: “A tres años de la primera denuncia que dio a conocer los aberrantes hechos de abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza, nos concentramos para esperar junto a sobrevivientes, familiares y organizaciones la sentencia que marcará precedente en un largo camino de restitución de derechos y reparación a sobrevivientes de abusos eclesiásticos cometidos sistemáticamente e invisibilizados históricamente en todo el mundo, con el agravante de ser cometido contra personas con discapacidad”.

Es así que piden “que estalle el grito colectivo y se levanten las manos en movimiento porque este 25 de noviembre tenemos justicia”.

Ademas detallaron las acciones que emprenderán en la oportunidad: radio abierta desde las 9 por La Mosquitera 88.1, intervención artística, pañuelazo naranja por la separación de la Iglesia y el Estado, lectura de un documento a cargo del colectivo y conferencia de prensa.

El tribunal

Mientras tanto, adentro del Palacio Judicial será leída la sentencia por parte del tribunal presidido por el juez Carlos Díaz e integrado además por Mauricio Juan y Aníbal Ezequiel Crivelli (vocales primero y segundo), además de Jorge Coussirat y María Laura Guajardo (primer y segunda suplentes).

En la fiscalía estarán Alejandro Iturbide, jefe de fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual, y Gustavo Stroppiana, de la Fiscalía de Instrucción Nº14-Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Las defensas

La defensa de los imputados estará representada por Alicia Arlotta, de la 14ª Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes, y Gabriela Araya, codefensora de la misma repartición.

Los imputados

En el banquillo de los acusados estarán el sacerdote Nicola Bruno Corradi Soliman (83 años, italiano), quien cumple prisión domiciliaria; su colega Horacio Hugo Corbacho Blanck (59 años, argentino), quien está alojado en el penal de Boulogne Sur Mer, y el jardinero Armando Ramón Gómez Bravo (49 años, argentino), también detenido en el la penitenciaría de penal de Boulogne Sur Mer.

Los querellantes

Los querellantes son Sergio Salinas, Juan Dantiacq, Diego Lavado, Lucas Lecour, Francisco Machuca, María Mercedes Duberti y Gonzalo Evangelista (por la ONG Xumek), en representación de cuatro denunciantes, y Oscar Barrera y Leandro Lanci, en representación de tres denunciantes.

Las acusaciones

Las acusaciones que en principio promovía el Ministerio Público Fiscal eran por la comisión de 28 hechos, aunque Iturbide desistió de dos casos contra Gómez (uno de abuso sexual y el otro de corrupción de menores) y de otro contra Corradi (por corrupción de menores). Así, los incriminados están imputados por la comisión de 25 hechos.

Corbacho Blanck es acusado de 16 hechos, Corradi Soliman de cinco y Gómez Bravo de cuatro.

Las penas solicitadas

Las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal son de 45 años de prisión para Corbacho, de 45 años de prisión para Corradi y de 22 años con 6 meses para Gómez.

Por su parte, la querella representada por la ONG Xumek adhirió a todo lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y pidió penas de 50 años de prisión para Corbacho, de 15 años de prisión para Corradi y 15 años de prisión para Gómez. En este sentido hay que considerar que los letrados solo pueden pedir pena por los delitos cometidos contra sus representados, mientras que el fiscal puede hacerlo por el total de los hechos y de las víctimas.

A su vez, la querella de los abogados Barrera y Lanci también adhirieron a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal y solicitaron penas de 50 años de prisión para Corbacho, de 50 años de prisión para Corradi y de 30 años de prisión para Gómez.

La defensa oficial

En cuanto a la defensa oficial, pidió la nulidad de todas las acusaciones al entender que fue violado el derecho de legítima defensa de sus representados porque los denunciantes no pudieron precisar tiempos, espacios y lugares precisos en que habrían sucedido los hechos.

También hizo reserva del recurso de casación ante tribunales nacionales e internacionales, y sostuvo que la causa jamás debió ser elevada a juicio.

De no ser aceptada la nulidad planteada, la defensa solicitó la absolución de los acusados porque la acusación fiscal no se condice en varias imputaciones con los testimonios escuchados, no están probados los hechos imputados, los denunciantes se contradicen entre ellos y sus testimonios son faltos de precisión y no resultan veraces, y falta prueba objetiva, entre las principales causas.

La defensa oficial también manifestó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no probó la presencia del imputado Corbacho en el instituto en hechos denunciados desde el 2007. Y argumentó que en esa época había sido trasladado a La Plata, por lo cual no correspondería el agravante “por ser encargado de la guarda y convivencia preexistente”.

Con relación a los hechos anteriores al 2006, la defensa esgrimió que tampoco correspondería el agravante “por ser ministro de culto” porque Corbacho no era sacerdote.

Asimismo, expresó a sus defendidos les sea otorgado el mínimo de la pena prevista para los delitos de los cuales son acusados ya que no registran antecedentes penales y a raíz de la desproporcionada e inconstitucional condena solicitada por el MPF y la querella.

Algunos otros detalles

Los denunciantes de las aberraciones son diez, de los cuales siete cuentan con representantes de querella.

Fueron sometidos a ocho procedimientos de cámaras Gesell, bajo la modalidad en vivo y en directo con transmisión al tribunal, desde donde observabn todas las partes intervinientes en el caso y los magistrados.

Hubo 42 testigos que declararon en forma testimonial dentro del tribunal.

Los cuerpos que tiene el expediente del caso son 24, que albergan casi 6.000 fojas.

Las jornadas necesarias para arribar a una sentencia fueron 49, desde el comienzo del juicio: el 5 de agosto pasado.