Lo despidieron porque no iba a trabajar
El empleado de la Administración Pública tenía dos cargos reservados, nunca regresó a cumplir funciones ni renunció en tiempo y forma.
Un empleado público más fue cesanteado por el Gobierno de Mendoza. El agente tenía un cargo de planta reservado en Economía y otro reservado en el Congreso. Nunca regresó a cumplir funciones ni renunció en tiempo y forma lo que derivó en un sumario administrativo.
Se trata del senador Marcelo Martín Romano, quien no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio.
La Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el 26 de setiembre de 2018, notificó al agente Romano para que remitiera toda la documentación para continuar con la reserva del cargo, bajo apercibimiento de iniciar sumario. Ante el incumplimiento de lo anterior, la notificación fue reiterada el 6 de febrero de 2019.
Desde el momento en el cual dejó de cumplir sus funciones como asesor de la exsenadora nacional Laura Montero, el agente debió presentarse en su lugar de trabajo, aun hasta 30 días después de haberse producido la cesación de la causa que motivara la reserva de empleo.
Ello no ocurrió y, además, el agente sumariado, el 1 de enero de 2015, mediante DP-129/15, fue nombrado en planta permanente del Senado de la Nación, con funciones en la categoría “administrativo y técnico” hasta el 23 de abril de 2018, momento en el cual se le otorgó licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al ser designado senador provincial.
Durante más de tres años, el empleado estatal mantuvo en reserva su cargo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, siendo que poseía un cargo de planta permanente en el Senado de la Nación.
De este modo, el agente incumplió con su deber de declarar al Estado provincial el cambio de su situación de revista, es decir, cuando obtuvo el pase a planta permanente en el Senado de la Nación y, con ello, el deber de encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
