Paralizan los emprendimientos inmobiliarios en todo el piedemonte

Luego de firmar el decreto de estado de emergencia ambiental suspendieron todos los emprendimientos.
viernes, 8 de febrero de 2019 · 16:00

Luego de firmarse el decreto en el que el propio gobernador, Alfredo Cornejo, declara el estado de emergencia ambiental en el Piedemonte del Área Metropolitana, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial resolvió suspender todos los emprendimientos inmobiliarios y cualquier construcción que se encuentre en evaluación de impacto ambiental que se ubique en la zona.

El piedemonte del área metropolitana de Mendoza hace más de 30 años que es considerado una zona especial desde el punto de vista ambiental. Cumple una función primordial en relación a la amenaza aluvional que sufre la localización sobre la cual se encuentra asentada la ciudad.

Los municipios de Luján, Las Heras, Godoy Cruz y Capital conforman esta área en términos políticos administrativos. Muchos intentos han habido para encarar una planificación en términos integrales, considerándolo una unidad ambiental.

En el año 1983 se sanciona la primera regulación del Piedemonte de Las Heras, Capital y Godoy Cruz con la ley 4886, vigente aun hoy. La sucesión de gestiones y la falta de una planificación consensuada y a largo plazo con respecto a su ocupación, generaron que se produzca una urbanización no controlada en muchos de sus sectores y en otros casos una urbanización a demanda, sin contemplar los riesgos aluvionales, biológicos y los servicios ecosistémicos que presta el área pedemontana.

En el año 1995 se promulga el decreto acuerdo 1.077, el cual se desprende de la ley 5804. Esta ley declara la importancia del piedemonte por las características mencionadas.

A partir de ahí los municipios y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial  conformaron la Comisión de Piedemonte, encargada de definir el código de ocupación para el área.

La comisión ha avanzado con los recursos disponibles dado que no existían estudios de base que permitieran conocer en su totalidad el área pedemontana hoy regulada por la ley 8.999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en términos aluvionales sobre todo siendo esta la principal amenaza natural en la zona. Existen numerosas investigaciones acerca de la zona pero todas son parciales, tanto en términos de cobertura espacial como en términos temáticos, es
decir que sólo se abarcaban algunos aspectos o algunas zonas específicas.

Desde el 2016, con la conformación del Unicipio se comenzaron estudios para poder conocer la situación de riesgo del Área Metropolitana, de manera de aportar información para el proceso de los planes de Ordenamiento Territorial municipales, proceso que los municipios de la Provincia se encuentran llevando a cabo. Se llegó a un documento final llamado “Plan de Acción para el Área Metropolitana de Mendoza”, primer antecedente de visión unificada sobre toda el Área Metropolitana.

Desde el año 2017, en el cual la provincia comienza a contar con un Plan de Ordenamiento Territorial y sancionado por ley, es que se considera el área como “sujeta a regímenes especiales”, entendida como una “Unidad de Integración Territorial” la cual debe ser evaluada en su conjunto y por lo tanto así gestionada también.

Es por eso que a partir de la sanción del plan, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia de Cambio Climático y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, decidió llevar a cabo un estudio integral de las amenazas aluvionales en el área establecida por la ley, de manera de conocer en detalle cuál es la situación tanto para lo hoy ya construido, como para poder tener pautas claras sobre como planificar y determinar qué áreas son ocupables y que áreas son riesgosas.

El estudio mencionado es realizado por el Instituto Nacional del Agua bajo la dirección del Ing. Victor Burgos, especialista en la temática y con un equipo interdisciplinario, contemplando la opinión y antecedentes de los organismos con injerencia como la Dirección de Hidráulica, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y los municipios, entre otros.

El estudio abarca el análisis de más de 10 variables que entran en juego en el área (pendiente, modelo hidrológico, cauces, entre otras) para poder determinar con precisión cuales son las áreas más riesgosas y que no pueden ser ocupadas porque empeorarían la situación aluvional aguas abajo, además de sufrir daños en caso de producirse un evento. Por otra parte, permitirá evaluar las obras que resultan necesarias y además elaborar un cronograma de planificación por parte de la Agencia de Ordenamiento Territorial conjuntamente la Dirección de Hidráulica y los municipios
convocados mediante la Comisión de Piedemonte. El objetivo es actualizar la legislación relacionada o crear nueva en función de la no ocupación de las áreas de mayor amenaza, y elaborar el código para saber cómo construir en aquellas áreas donde sí se pueden realizar actividades.

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