Inicia un nuevo juicio por los abusos en el Próvolo

El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son 9 personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión.

La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Los sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida. Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas. 

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.

Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.

Los sobrevivientes continúan reclamando al Estado y al arzobispado una reparación integral, que ya tiene sentencia firme pero el Estado aún no cumple. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijos a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.

El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek. 

La situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes es preocupante. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida.

Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, Xumek ha generado distintas acciones para exigir al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.

El segundo juicio

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.

Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.

Además, otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.

Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión.

Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.

Corradi y Corbacho son los autores más graves por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.

El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano.

A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscan desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.

A principios de 2020, Xumek junto a sobrevivientes del Próvolo y las organizaciones Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, de renombre internacional, presentaron ante Naciones Unidas una denuncia contra el Estado del Vaticano. Allí, responsabilizaron a la Santa Sede por los abusos sexuales y la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Xumek