Buscan sancionar a los organismos que no respeten los grupos prioritarios de atención al público
El proyecto de ley incluye sanciones para los organismos que no atiendan con prioridad a personas mayores, gestantes y con discapacidad.
La Cámara de Senadores avaló un proyecto de ley que establece con carácter de obligatorio, otorgar prioridad de atención a adultos mayores, mujeres embarazadas y/o gestantes y personas con discapacidad o movilidad reducida.
El proyecto fue presentado por la diputada Cecilia Rodríguez, al que se le acumuló una iniciativa similar de María José Sanz. La propuesta sufrió modificaciones en el debate de la Cámara Alta por lo que deberá pasar nuevamente a Diputados para una segunda revisión.
La medida abarcará a todo establecimiento público dependiente de la provincia, como así también a todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma o modalidad.
Durante su tratamiento en el recinto, el senador Marcelo Rubio explicó que lo novedoso del proyecto es que se incorpora el artículo 85 bis, que establece las sanciones en caso de no darle prioridad a estas personas, que son de 500 a 2.000 unidades fiscales aproximadamente. También se contempla la inhabilitación del local por 30 días.
En el caso de los establecimientos públicos, las sanciones por incumplimiento deberán estar en total conformidad con el estatuto del empleado público, atender la cadena de responsabilidades que el mismo establece, garantizar capacitaciones sobre la temática a las y los agentes, y ser especificadas en la reglamentación.
A efectos de constatar tales condiciones personales, la iniciativa señala que servirá el certificado médico de embarazo, el Certificado Único de Discapacidad, y el DNI para el caso de personas adultas mayores de 60 años. Se excluye de estas disposiciones las dependencias que en forma permanente o transitoria atiendan trámites relacionados específicamente con las personas enunciadas.
