La Provincia quiere declarar por ley la emergencia en anestesiología

Este viernes, la ministra de Salud, Ana María Nadal, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que declara por 18 meses la emergencia en los servicios públicos de anestesiología. La iniciativa surgió tras las renuncias masivas de anestesistas, la negativa de formar nuevos anestesiólogos, la no aceptación de cargos de planta y la imposición de convenios para prestar servicios.

Así, el Gobierno de Mendoza pretende con este proyecto de ley regularizar la situación que se vive en los hospitales públicos. “Frente a esta actitud corporativa, las cirugías programadas se han reducido 40% frente a los períodos normales”, explicó la ministra.

Teniendo en cuenta que la situación se ha vuelto “un abuso en la posición dominante respecto de la especialidad de anestesiología, por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales”, se solicitó declarar la emergencia en la especialidad durante 18 meses.

Falta de empatía

Desde el Gobierno señalan que las presiones ejercidas por estos profesionales de la salud y la falta de empatía hacia los pacientes, que se han visto amenazados por la suspensión o el atraso de sus intervenciones, llevaron a la ministra a elevar la iniciativa para que sea tratada con urgencia en la Casa de las Leyes.

La funcionaria dejó en claro que “la privatización de este servicio no solo implica perder la gestión de la salud pública en anestesia sino también un costo financieramente insustentable, significando un 139% mayor a lo que hoy se invierte en anestesiología, concentrando las ganancias en un grupo reducido de profesionales”.

Actualidad del sector

Según datos relevados por el Ministerio de Salud, existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Asimismo, este año, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigentes en el subsector público.

“En la actualidad, muchos de estos profesionales poseen sueldos diferenciales respecto a otros profesionales de la salud, situación que buscamos no profundizar accediendo a los mecanismos de presión de la asociación que los nuclea, establecidos mediante la renuncia de prestadores de servicios de anestesia y en algunos casos de profesionales de planta”, informó Nadal.

Además, los profesionales residentes de la especialidad también se han visto afectados con las medidas monopolizadas del gremio que los nuclea, ya que “se niegan a proceder a la formación de los mismos”. En la provincia hay 39 anestesistas residentes que no pueden completar sus estudios debido a esta situación.

El proyecto

La iniciativa establece la declaración de emergencia en la especialidad de anestesiología por el plazo de 18 meses, y se amplía el plazo para efectivizar las renuncias de los profesionales que así lo requieran, es decir, de 30 a 120 días.

Asimismo, se faculta al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a convocar anestesiólogos con matrícula vigente para realizar prácticas anestésicas, incluidas guardias de semana y fines de semana, siempre que hayan tenido una vinculación con el Estado en los últimos cinco años.

Por último, faculta al Ministerio a arbitrar los medios tendientes a implementar estrategias de formación y capacitación de recurso humano en prácticas de anestesia y/o de otros profesionales relacionados con especialidades críticas.