Avanza el plan de descontaminación de playas de secuestro de la provincia
La cuarta etapa está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación.
El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en el plan de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros policiales y judiciales de vehículos de la provincia. Actualmente se prepara para implementar la cuarta etapa, la cual está orientada a la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales vigentes, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que “el objetivo del plan integral de gestión de secuestros abarca el acarreo de los vehículos secuestrados, el depósito, la custodia en un lugar adecuado, así como la logística y el mantenimiento de esos inmuebles. También nos haremos cargo de los sistemas informáticos necesarios para llevar un orden en relación con los secuestros y sus flujos. Finalmente, gestionaremos la disposición final, que incluye el remate, la compactación o la entrega a un tercero que reivindique el bien o a quien debamos restituirlo por ley”.
Además, el plan contempla la descontaminación de las playas, cumpliendo con normativas ambientales, y la reasignación de más de 100 agentes que actualmente custodian estos espacios a tareas de patrullaje y control. Rus subrayó que “es muy importante, ya que es una licitación en donde el Estado no pone un peso; no hay recurso estatal involucrado. Esto permite desocupar a este valioso personal policial, más de 100 efectivos, lo que representa más de 1.700 millones anuales en recursos humanos destinados a la gestión de secuestros”.
La ministra enfatizó que “los policías son más de 100 efectivos que tenemos en las distintas playas custodiando bienes, en este caso, chatarra. Por eso digo que el personal policial debe estar destinado a custodiar personas y no chatarras. Esto es sumamente importante, ya que no solo se trata del personal policial, sino del desorden que los secuestros generan en cualquier lugar, incluyendo comisarías y la vía pública”.
El procedimiento completo integra la trazabilidad de los residuos; es decir, el seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que está a cargo de un gestor autorizado, como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo adecuado y verificable tanto por el ente productor como por las autoridades. Esto no trae ningún costo al Estado y además queda un resto para el estado de $219.681.000.
Rus añadió que “el Estado no pone nada; este sistema se autofinancia a través de la compactación de vehículos que no tienen un tercero que los reclame. Entonces, el privado que asuma esta gestión podrá cobrar por esa compactación”.
A su vez, la funcionaria aclaró que “el Estado no va a gastar esos 13.000 millones. Ese es un valor proyectado en función de la licitación, que incluye los costos de todo el plan integral de gestión. Todo esto lo asume un privado que se financiará con el producto de la compactación y lo que paga el infractor por el acarreo y el depósito, que hoy también es un costo que asume el infractor.”
El plan contempla, a futuro, la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios.
