La Legislatura dio sanción definitiva a la disolución del EPAS
La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa por mayoría de votos. Irrigación tomará sus funciones.
Por mayoría de votos, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una entidad que gestionaba la regulación del servicio de agua y saneamiento en la provincia. La iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, apunta a transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación, buscando optimizar la fiscalización y eficiencia en el uso de recursos.
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El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que el proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza. Además, plantea la derogación de la Ley N°6.044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios, y la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al Departamento General de Irrigación.
Asimismo subrayó que el Departamento General de Irrigación es el organismo adecuado para asumir las funciones de regulación, ya que tiene la expertise técnica y el manejo del agua en Mendoza. Además, el proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
El proyecto fue aprobado por 19 votos a favor y 15 en contra, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
El articulado del proyecto detalla las nuevas competencias de Irrigación, como el control de planes de inversión de los operadores, la supervisión de tarifas, la resolución de conflictos entre usuarios y operadores, y la elaboración de un informe anual sobre el estado del servicio para el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Además, Irrigación deberá coordinar su labor con otros organismos competentes en temas sanitarios y ambientales, en un enfoque de colaboración interinstitucional.
La ley también establece que Irrigación asumirá el control sobre la calidad y potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia. En cuanto al tema de tarifas, se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, garantizando que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
El proyecto establece también pautas para proteger los derechos de los usuarios y define las obligaciones de los concesionarios de servicios, así como sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones. Se creará la Unidad Fiscal del Agua, que impondrá multas que se determinarán en base a la Unidad Fiscal del Agua, cuyo valor inicial será de mil pesos, ajustable según la Ley Impositiva.
En cuanto al personal, la ley ofrece opciones para su reubicación. Los empleados podrán incorporarse a Irrigación o AYSAM, si cumplen con los requisitos y lo aceptan. En caso de que no sea posible su absorción, se les ofrecerá una reubicación en otra dependencia de la Administración Pública o, en última instancia, la desvinculación con una indemnización acorde a la normativa laboral vigente. Además, se les respetará la antigüedad y el salario actual, ajustándose cualquier diferencia salarial mediante un adicional compensatorio.
