Vadillo sobre el aumento del boleto: “Ganan las elecciones y te suben el colectivo”

El abogado Mario Vadillo, referente en temas de Defensa del Consumidor, analizó el reciente aumento del boleto del transporte público en Mendoza y advirtió que la medida “no tiene sustento técnico ni económico”. Según explicó, la decisión del Gobierno provincial responde a una lógica política más que a una necesidad del sistema.

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“De manual: ganan las elecciones y te suben el colectivo. Es un aumento político, no técnico. El Gobierno utiliza la tarifa del transporte como un mecanismo de transferencia encubierta hacia las empresas, en un sistema sin control ni transparencia”, sostuvo Vadillo.

Entre julio de 2023 y noviembre de 2025, el boleto urbano subió 1.900%, mientras que el salario básico de los choferes aumentó 358%, el precio del diésel 481% y la inflación general 320%. “No hay ecuación posible que justifique semejante salto. Los insumos más importantes crecieron cuatro veces menos que la tarifa”, afirmó el abogado.

De acuerdo con estudios del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), los costos del sistema se componen en un 58% por salarios y combustible, los únicos factores fácilmente medibles. “Sin embargo, la tarifa crece muy por encima de esos indicadores. La diferencia es rentabilidad garantizada para las empresas, no equilibrio económico”, subrayó Vadillo.

Subsidios opacos y doble pago

Según el EMOP, el costo técnico real del viaje por pasajero asciende a $2.912,43, mientras que el usuario paga $1.200. La diferencia -más de $1.700 por boleto- se cubre con subsidios provenientes de impuestos provinciales. “Cada mendocino paga su viaje dos veces: una al subir al colectivo y otra con sus impuestos, use o no el servicio. Es una doble carga que vulnera los principios de trato digno e información veraz de la Ley 24.240”, explicó.

Vadillo remarcó que durante 2025 el sistema absorberá más de $200.000 millones en subsidios sin control público, y denunció que el EMOP no publica balances ni auditorías. “No se sabe cuántos kilómetros se recorren, cuántos pasajeros se transportan ni cómo se distribuyen los fondos”, alertó.

Flota envejecida y sin fiscalización

El especialista recordó que el Decreto 1512/18 de la Ley 9086 exige que los colectivos tengan una antigüedad máxima de 10 años, pero la mayoría supera los 12 o 15 años. “Mendoza incumple la norma, con unidades obsoletas que aumentan los costos y ponen en riesgo la seguridad. El año pasado hubo incendios, roturas y hasta víctimas”, denunció.

Vadillo cuestionó que el sistema “no premie la eficiencia, sino la dependencia de subsidios”. “El Estado garantiza el flujo de fondos, las empresas no arriesgan nada y el usuario financia con su bolsillo un sistema que no mejora ni rinde cuentas”, agregó.

“El transporte mendocino atraviesa una crisis de legitimidad técnica y ética. El boleto no se basa en costos reales, sino en conveniencias políticas. El Gobierno ajusta después de las elecciones, sin control y sin auditorías. Eso no es un servicio público: es un negocio con subsidio estatal”, sentenció.

Finalmente, concluyó: “El desafío urgente es devolverle racionalidad y transparencia al sistema. El transporte debe volver a ser un servicio para la gente, no una caja para las empresas.”