Mendoza busca acelerar la resolución de los delitos menores
El Gobierno presentó un proyecto que integra el paquete de reformas en el ámbito judicial que encabeza el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El Ministerio de Seguridad y Justicia envió a la Legislatura un proyecto de ley para actualizar el procedimiento de flagrancia —la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución— en el Código Procesal Penal de Mendoza. La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, busca agilizar la respuesta del sistema penal frente a delitos menores que suelen contar con evidencia inmediata.
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La propuesta forma parte del paquete de reformas judiciales que el Gobierno impulsa y pone el foco en un cambio estructural: la creación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal para el tratamiento de casos de flagrancia. Según el Ejecutivo, contar con equipos dedicados exclusivamente a este tipo de delitos permitirá mejorar la calidad del trabajo fiscal, unificar criterios y sostener la celeridad que exige este tipo de procedimientos.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá conformar equipos especializados para el impulso, litigación y soporte técnico de las causas de flagrancia, con dedicación exclusiva y formación específica. El Gobierno sostiene que esta estructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta y garantizar intervenciones rápidas y consistentes.
El proyecto también ordena que la Suprema Corte y los organismos de gestión adecuen sus protocolos y turnos para asegurar que los plazos previstos en la ley se cumplan efectivamente en toda la provincia.
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Además de la especialización, la reforma reorganiza los plazos y etapas del proceso de flagrancia para que las audiencias avancen en tiempos razonables y no se dilaten causas de menor complejidad. Se fija un plazo para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial tras la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo cuando sea necesario producir pruebas básicas.
El procedimiento directo también queda ordenado en etapas claras, con una audiencia de finalización que debe realizarse en un plazo acotado y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo excepciones. Las causas que correspondan a juicio por jurado continúan excluidas de este trámite.
Para el Ministerio de Seguridad y Justicia, la reforma permitirá dar una respuesta más efectiva en delitos de menor escala pero de alto impacto social. La agilización del proceso se complementará con políticas orientadas a sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral, articuladas con el Servicio Penitenciario y con la infraestructura prevista para 2026.
