Impulsan un programa educativo para incorporar el bienestar animal en las escuelas de Mendoza
La iniciativa plantea contenidos obligatorios desde el nivel inicial hasta el secundario y propone un enfoque formativo basado en la empatía y la responsabilidad social.
El diputado provincial Emanuel Fugazzotto presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Educación para la Protección y el Bienestar Animal, una propuesta que busca incorporar de manera obligatoria contenidos vinculados al trato ético hacia los animales, la prevención del maltrato, la tenencia responsable y la conservación de la biodiversidad en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.
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La iniciativa apunta a que estos contenidos formen parte del recorrido escolar desde la educación inicial hasta el nivel secundario, bajo un enfoque transversal e interdisciplinario. Según explicó el legislador, el objetivo es formar generaciones más empáticas, responsables y comprometidas con el ambiente y la convivencia social.
El proyecto se enmarca en una tendencia internacional que reconoce al bienestar animal como un componente clave de la formación ética, ciudadana y socioemocional de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, Fugazzotto sostuvo que educar en valores como el respeto y la empatía desde edades tempranas tiene un impacto directo en la prevención de distintas formas de violencia.
“La evidencia internacional demuestra que el maltrato animal suele estar vinculado a otras violencias. Por eso creemos que la educación preventiva es una herramienta fundamental para construir sociedades más empáticas, menos violentas y más responsables”, afirmó.
Como antecedente, la propuesta toma experiencias como la Ley Empatía de Colombia, que incorporó de manera transversal contenidos de bienestar animal en la educación obligatoria, con resultados positivos en términos de conciencia ambiental y responsabilidad social. Fugazzotto señaló que, si bien Mendoza cuenta con normativa específica -como la Ley Nacional 14.346 y programas municipales de Zoonosis-, aún no existe una política educativa integral y sostenida en el tiempo sobre esta temática.
“Hoy tenemos legislación y programas aislados, pero falta una mirada integral. Esta ley viene a saldar esa deuda y a consolidar una política educativa que forme ciudadanía desde el respeto por toda forma de vida”, sostuvo el diputado.
La iniciativa establece que los contenidos serán obligatorios para todas las instituciones educativas públicas y privadas que dependen de la Dirección General de Escuelas (DGE). Entre los ejes mínimos a incorporar se encuentran el trato ético hacia los animales, la prevención del maltrato, la tenencia responsable, la conservación de la fauna nativa y la biodiversidad provincial, el impacto ambiental de las acciones humanas y la promoción de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. La DGE tendrá un plazo de seis meses desde la promulgación de la ley para definir los lineamientos curriculares y pedagógicos.
Otro de los puntos destacados del proyecto es la posibilidad de que estudiantes del nivel secundario realicen prácticas comunitarias o actividades de servicio educativo en refugios, centros de zoonosis, organizaciones de protección animal y áreas de conservación. “Queremos que los chicos y chicas no solo incorporen contenidos teóricos, sino que vivan experiencias reales de compromiso comunitario”, explicó Fugazzotto.
Además, la propuesta contempla la creación de la Red Provincial de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal, integrada por educadores de todos los niveles. Esta red tendrá como funciones la elaboración de material didáctico, la capacitación permanente, el intercambio de buenas prácticas y la articulación con organismos públicos, universidades y organizaciones especializadas.
Para el legislador, el alcance del proyecto va más allá del ámbito educativo. “No es solo una ley de protección animal, es una ley de educación, de convivencia y de futuro”, afirmó, y llamó a sus pares a acompañar la iniciativa, al considerar que se trata de una inversión social de largo plazo con impacto en la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de la comunidad mendocina.
