Vadillo advirtió que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo el agua en Mendoza
El dirigente del Frente Verde cuestionó el proyecto nacional y alertó sobre sus impactos ambientales, productivos y sociales en provincias cordilleranas.
El abogado especializado en defensa del consumidor y referente del Frente Verde, Mario Vadillo, expresó su preocupación por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional para modificar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares. La iniciativa, que ya ingresó al Congreso y podría tratarse en el corto plazo, plantea cambios que, según advirtió, ponen en riesgo las principales reservas estratégicas de agua del país, con especial impacto en Mendoza.
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Vadillo sostuvo que no se trata de una discusión técnica ni académica, sino de una decisión política con consecuencias concretas sobre el acceso al agua y el ambiente. “No estamos frente a una simple actualización normativa. Este proyecto busca debilitar una ley vigente, aplicada y declarada constitucional, que protege el agua de millones de personas”, afirmó.
En ese marco, recordó que Mendoza es una provincia árida, sin lluvias regulares ni grandes ríos de llanura, cuyo sistema urbano, productivo y social depende casi exclusivamente del agua que se acumula en la alta montaña. “En Mendoza, el agua no cae del cielo: nace en la nieve. Glaciares y ambiente periglacial son la base de nuestra vida cotidiana, de la producción agrícola y del consumo humano”, remarcó.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, la provincia concentra más de 4.000 cuerpos glaciares y una amplia superficie de ambiente periglacial, donde se encuentran los glaciares de escombros que funcionan como reservas hídricas clave, especialmente en contextos de sequía y cambio climático. Para Vadillo, reducir su protección implica un riesgo directo para el abastecimiento de agua potable, el riego y la economía provincial.
El eje central del proyecto, explicó, es la incorporación de criterios más restrictivos para definir qué glaciares y qué ambientes deben ser protegidos, introduciendo el concepto de “función hídrica efectiva”. “Ese término abre la puerta a interpretaciones discrecionales. La ley actual protege todos los glaciares y el ambiente periglacial justamente para evitar excepciones hechas a medida de intereses económicos”, denunció.
Como ejemplo concreto, señaló la situación de Malargüe, donde existen numerosos proyectos de exploración minera ubicados total o parcialmente sobre ambiente periglacial. “La prohibición de actividades extractivas en estas zonas es hoy el principal límite al avance minero. Cambiar la ley no es para proteger mejor, sino para adaptarla a los proyectos”, sostuvo.
Vadillo recordó además que la Ley de Glaciares ya fue debatida en el Congreso, cuestionada judicialmente y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No hay vacío legal ni inseguridad jurídica. La ley funciona y protege lo que debe proteger”, afirmó, y consideró que su reforma significaría un retroceso ambiental.
“Debilitar la única norma nacional que protege integralmente glaciares y ambiente periglacial es asumir un riesgo grave e irreversible. En Mendoza, ese riesgo se traduce en menos agua”, concluyó Vadillo, al señalar que defender la Ley de Glaciares “no es ideología, sino una cuestión de supervivencia y de futuro”.
