Vadillo cuestionó el sistema de transporte y denunció falta de controles en la audiencia pública
El referente del Partido Verde apuntó contra el esquema de financiamiento del servicio, el crecimiento de los subsidios y la ausencia de información clara para los usuarios.
El abogado especializado en defensa del consumidor y presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, participó de la audiencia pública convocada para analizar el nuevo aumento del boleto del transporte público en Mendoza y lanzó fuertes cuestionamientos al modelo vigente. Durante su exposición, advirtió que el sistema se volvió cada vez más costoso para los usuarios, mientras crecen los aportes estatales sin que existan explicaciones claras sobre el destino de los fondos.
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Vadillo sostuvo que el debate volvió a transitar un camino repetido: funcionarios justificando subas en base a “costos”, empresas reclamando equilibrio económico y usuarios afrontando incrementos sucesivos sin acceso a información transparente. “El boleto sube, el subsidio también y nadie explica a dónde va la plata”, resumió.
Subsidios en alza y un esquema que no se corrige
Según detalló, el transporte público mendocino se sostiene principalmente con subsidios provinciales y no con la tarifa que paga el pasajero. “En Mendoza el sistema no se financia con el boleto, se financia con subsidios crecientes, y esos subsidios aumentan incluso cuando aumenta la tarifa”, afirmó.
De acuerdo a los datos oficiales citados en la audiencia, durante 2025 el Fondo Compensador del Transporte contó con un presupuesto de $235.000 millones, al que se sumaron refuerzos por más de $4.200 millones. Para 2026, el propio Gobierno provincial proyecta destinar $292.000 millones, lo que implica un incremento superior al 22 % interanual.
“El transporte es hoy el segundo mayor gasto del Estado mendocino, solo por detrás de la Dirección General de Escuelas y por encima de áreas como Seguridad, Justicia o la Legislatura. Es un volumen de recursos que condiciona toda la política provincial”, señaló Vadillo.
El impacto sobre los usuarios y el uso de recursos públicos
El dirigente ambientalista remarcó que el esquema actual implica un doble esfuerzo para la ciudadanía. “El usuario paga el boleto, pero ese valor no cubre ni la mitad del costo real del sistema. La diferencia se financia con impuestos provinciales que pagan todos los mendocinos, usen o no el servicio”, explicó.
En ese sentido, cuestionó que el aumento del gasto no se refleje en mejoras concretas. “Las frecuencias siguen siendo insuficientes, las unidades son viejas, muchas no tienen aire acondicionado, están saturadas en horas pico y los accidentes siguen ocurriendo”, enumeró.
Vadillo también puso en duda los argumentos técnicos utilizados para justificar los aumentos. Señaló que entre 2023 y 2025 el boleto urbano se incrementó cerca de un 1.900 %, mientras que los salarios de los choferes, el precio del gasoil y la inflación crecieron muy por debajo de ese porcentaje. “No hay una explicación técnica para esa brecha. La explicación es política”, afirmó.
Costos reconocidos y falta de transparencia
Durante la audiencia, Vadillo citó el Informe de Costo por Kilómetro Urbano del EMOP, que fija en $4.081,95 el costo promedio por kilómetro recorrido y reconoce que solo el 46 % se recupera a través de la tarifa. El mismo estudio indica que, para autofinanciar el sistema sin subsidios y manteniendo los beneficios vigentes, el boleto debería costar $4.455,66.
“El propio Estado admite que cada viaje cuesta más del triple de lo que paga el usuario y cubre la diferencia con recursos públicos”, remarcó. En paralelo, recordó que las empresas concesionarias solicitaron una actualización del costo por kilómetro cercana al 52 %.
Finalmente, Vadillo cuestionó la falta de control sobre un sistema que cuenta con herramientas tecnológicas para medir kilómetros recorridos, pasajeros transportados y consumos reales. “Los datos existen, pero no se publican ni se auditan de manera independiente. En un esquema que demanda casi $300 mil millones por año, esa opacidad no es un error: es una decisión política”, concluyó, y reclamó auditorías reales y acceso público a la información antes de avanzar con nuevos aumentos del boleto.
